Fuente: laestrella.com.pa/Adriana Berna

El proyecto de ley No. 23 fue aprobada este jueves 6 de febrero en tercer debate, durante el pleno de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con sus proponentes, el objetivo del proyecto de ley es regular el pago de liquidaciones millonarias injustificadas a directivos de empresas estatales, evitando así una fuga de fondos públicos que, según estimaciones, alcanza hasta un millón de dólares.

La iniciativa, que modifica leyes orgánicas que rigen las empresas estatales, es el resultado de reuniones de la mesa técnica impulsada en la Comisión de Comercio de la Asamblea.

Esta norma establece los beneficios laborales para el gerente general, subgerente general y auditor interno, especificando que al concluir su periodo o ser reemplazados no recibirán indemnizaciones especiales, dado su estatus de funcionarios de libre nombramiento y remoción.

La diputada por el Partido Panameñista Ariana Coba, promotora de la ley, recalcó que solo falta la sanción del Ejecutivo para eliminar esta práctica, que ha permitido a altos directivos de empresas estatales cobrar liquidaciones sin formar parte de los acuerdos laborales aplicables a los trabajadores regulares.

La normativa establece reglas claras sobre indemnizaciones, excluyendo de estos beneficios a directivos designados por un periodo determinado, coincidente con el quinquenio presidencial. Sin embargo, se reconoce su derecho a percibir, de manera proporcional, el décimo tercer mes y las vacaciones al finalizar su gestión.

Se deja en claro que los funcionarios nombrados por el Ejecutivo no tienen derecho a indemnizaciones al concluir su periodo o ser reemplazados.

Esta norma surge como respuesta a la práctica de acuerdos mutuos en la alta gerencia de empresas estatales, donde se otorgaban liquidaciones excesivas que, según registros, llegaron a sumar hasta $300 millones.

Anteriormente, este proyecto de ley había sido vetado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

“Esta ley tiene por objeto establecer normas para determinar las prestaciones laborales de los funcionarios que ocupen el cargo de gerente general, subgerente general y auditor interno, al concluir el periodo de su designación o cuando sean reemplazados, por su condición de servidores públicos de libre nombramiento y remoción”, destacó el mandatario.

Mulino destacó que los altos cargos en empresas estatales son temporales y dependen del órgano Ejecutivo o la junta directiva.

Justificó la limitación de sus prestaciones laborales al concluir su gestión, argumentando que, como funcionarios de confianza, no deben beneficiarse de las disposiciones de las convenciones colectivas vigentes en dichas empresas.

Fuente: laestrella.com.pa/Adriana Berna