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Bernabé Yangüez

Mirta Rodríguez P. para La Estrella de Panamà.

La minera canadiense First Quantum Minerals iniciará este mes de julio un recurso formal de arbitraje contra Panamá por el cierre de la mina de Donoso, después de que a finales de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña declaró inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 del contrato de concesión minera.

De acuerdo con la nota, la empresa minera pasará a esta parte del proceso de arbitraje, después de un período de seis meses de la etapa inicial en que los involucrados negocian para no pasar al inicio formal del procedimiento, explicaron las fuentes que reservaron sus nombres. La minera canadiense continúa el proceso adelante, porque si no se cumple el plazo de julio tendría que presentar un nuevo intento de arbitraje que llevaría a otros seis meses de negociaciones.

“First Quantum cumplirá el plazo del 30 de julio para iniciar un arbitraje formal contra Panamá, ya que tiene el deber fiduciario de hacerlo”, dijo una de las fuentes citadas por Reuters, que pidió el anonimato, por no estar autorizada a hablar con la prensa del tema.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha mencionado un enfoque de “abrir para cerrar” la mina; y en mayo pasado, adelantó a los medios locales que él no “iba a aceptar hablar de mina con esos arbitrajes activos”.

Roderick Gutiérrez, Cámara Minera de Panamá (Camipa), mencionó a los medios de comunicación, el pasado 3 de julio, que el concepto de “abrir para cerrar” no existe dentro de la minería. “Lo que existe es el término ‘plan de cierre’ el cual debe estar listo desde el inicio del proyecto minero, para ir aplicándolo en la medida en que se vayan finalizando las actividades”, expresó.

El líder de Camipa explicó que el proceso de cierre usualmente se financia con las ganancias que genera la propia mina y que, de no concretarse, puede generar consecuencias ambientales severas en la zona de la actividad. “Incluso hay un plan de postcierre, lo que implica muchos años de trabajo”, detalló.

En relación con los arbitrajes, desde Camipa exhortan a la empresa y al Estado a sentarse a dialogar. “Los términos para los arbitrajes tienen fechas y se deben cumplir. Aunque el gobierno pidió suspender los arbitrajes, la empresa tiene el derecho de poder seguir con ellos, de allí que sea fundamental el diálogo”, valoró el también ingeniero ambiental.

Según Gutiérrez, hasta el momento, se han presentado siete procesos arbitrales, contra el cierre de la mina, los cuales han sido solicitados tanto por proveedores como por inversionistas que, en su totalidad, representan un monto de $57,000 millones.

Por: Mirta Rodríguez P. para La Estrella de Panamà