Fuente: laestrella.com.pa/Gustavo A. Aparicio O.

Ayer un grupo de manifestantes se concentró frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir celeridad en su decisión sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406

Cuatro personas han fallecido a consecuencia de hechos relacionados con las protestas que se han registrado en diversos puntos del país, tras la aprobación el pasado 20 de octubre de la Ley 406 que avaló el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.

Las dos más recientes víctimas se dieron en la tarde de ayer después de que el ciudadano Kenneth Darlington asesinara a tiros a dos manifestantes, entre ellos a un educador, durante un cierre de la Interamericana, en Chame.

Darlington, nacido en Colón y de 77 años, se bajó del automóvil y disparó contra los dos manifestantes; el docente de nombre Abdiel Díaz murió en la escena del crimen, mientras que Iván Rodríguez, el otro baleado, fue trasladado a la policlínica Juan Vega Méndez, en San Carlos, donde llegó sin vida.

El Ministerio Público informó que la personería de Chame, en Panamá Oeste, comenzó las investigaciones por el delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de estas dos personas.

Darlington fue condenado a 32 meses de prisión por el delito de posesión ilícita de arma de fuego en 2006.

Con estas dos víctimas ya son cuatro las personas fallecidas como consecuencia de las protestas para rechazar la Ley 406.

El pasado jueves 26 de octubre un hombre, identificado como Agustín Morales, falleció atropellado en el sector de Los Viveros, en Buena Vista, provincia de Colón, cuando procedía a cerrar la vía.

Mientras que la noche del pasado 1 de noviembre el docente Tomás Milton Cedeño García, de 41 años, falleció atropellado sobre la vía Panamericana, en el cruce de Horconcitos del distrito de San Lorenzo, en Chiriquí, en medio de las protestas.

Tras lo ocurrido ayer en Chame, dirigentes de la Asociación de Educadores Veragüenses repudiaron estos actos. “Tenemos ya tres educadores asesinados en este país. Los educadores estamos en esta lucha frente a un contrato minero, el cual fue avalado por diputados, el Gabinete y por el presidente de la República”, dijo el gremio.

En la mañana de ayer también hubo actos de violencia en Chiriquí, cuando Luis Ángel Marcucci, piloto comercial oriundo de la comarca Ngäbe Buglé, fue agredido por algunos manifestantes indígenas, luego de que este promoviera la apertura de varios puntos cerrados en Horconcitos, como un acto humanitario para permitir el paso de los vehículos que tenían varios días varados en la zona. Su madre también fue agredida.

“Esta lucha no es contra el pueblo… tenemos que ser inteligentes y un poco más estratégicos cuando se cierran calles, porque hay personas que pasan malos días en estas situaciones de necesidad”, sostuvo Marcucci justificando su accionar antes de ser agredido.

La Defensoría del Pueblo lamentó el fallecimiento de las dos personas en Chame, así como los hechos de violencia en Horconcitos, provincia de Chiriquí.

“Como institución nacional de derechos humanos recordamos al Gobierno Nacional que de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política, están instituidos para proteger la vida, honra y bienes de los nacionales dondequiera que se encuentren, así como asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales”, indicó la Defensoría. La entidad ponderó, igualmente, la necesidad de restaurar el clima de paz a través de espacios de diálogo, respetando el derecho a la protesta social pacífica como un instrumento de expresión colectiva de la sociedad.

Por otro lado, a pesar del llamado del Ministerio de Educación (Meduca) para que retomaran ayer las clases presenciales, la mayoría de los educadores no asistió a las escuelas.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, sostuvo que no habrá represalias porque en su momento el Meduca suspendió las clases y ahora las abre. Recalcó que a partir del llamado de ayer para volver a las aulas, se está en otro escenario y no descartó aplicar las medidas administrativas correspondientes.

“A partir de este momento estamos en otro escenario; en el sector particular el que no trabaja no cobra”, afirmó.

Ayer continuaron las protestas en diversos puntos del país y en la ciudad capital se volvieron a intensificar los cierres de vías por parte de los trabajadores de la construcción en contra de la Ley 406.

En la tarde se realizó una marcha hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir celeridad en su decisión sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406.

Más temprano un grupo de abogados independientes presentó una denuncia penal contra los 47 diputados que el pasado 20 de octubre votaron a favor de la Ley 406. La denuncia fue por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

Fuente: laestrella.com.pa/Gustavo A. Aparicio O.