Fuente: / panamaenminutos.com

Luego de una audiencia controles múltiples se dictaron medidas cautelares para las personas capturadas durante la “Operación Obra Gris”, por presuntos casos de extorsión en obras de construcción.
El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Aramis Villarreal, destacó que en el caso de los dos dirigentes comunitarios en Panamá Oeste, se celebraron audiencias múltiples, en las que el Juez de Garantías aplicó la medida de detención preventiva.
También se dio por presentada la formulación de cargos y se impusieron las medidas cautelares correspondientes.
El fiscal Villarreal informó que este caso tiene relación con un caso que se investiga desde el mes de 1 abril, cuando una persona es contratada por una empresa para la ejecución de un trabajo dentro del proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá.
Estos líderes comunitarios abordaron a este trabajador y bajo fuertes amenazas que implicaban hasta dispararle le exigieron su renuncia al proyecto.
El funcionario del Ministerio Público explicó que estos líderes comunitarios aparte de extorsionar a este trabajador, también a algunas empresas para que les dieran plazas de trabajo y así colocar a las personas de su confianza.
De esta manera, se configuró el delito de extorsión tipificado en el artículo 151 del Código Penal.
Por otro lado, en el caso de las personas detenidas en la ciudad capital, el fiscal Villarreal destacó que el Juez de Garantías les aplicó la medida de reporte periódico todos los viernes de cada semana, con la prohibición de acercarse a la víctima. Además, el Juez de Garantía les aplicó la medida de prohibición de salida del país.
El incidente ocurrió el 17 de abril de 2023, cuando dos personas en compañía de otras más ingresaron a un proyecto de construcción Bella Vista, donde intimidan, coaccionan y profieren amenazas graves contra un ingeniero.
Con esas medidas estos ciudadanos buscaban que los trabajadores de este proyecto se afiliaran a un sindicato.
El pasado lunes el fiscal Emeldo Márquez destacó que el delito de extorsión tiene una pena que va de los 5 a 10 años de cárcel.
Márquez sentenció que el Ministerio Público se compromete a realizar las investigaciones contra aquellas personas que en una u otra medida amenazan o coaccionan a los contratistas y empresarios que están realizando obras en todo el país.
Instó a todos aquellos que sean víctimas de estas actividades delictivas para que presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Primera Especializada contra la delincuencia Organizada, con el fin de que se puedan judicializar a estas personas que de alguna u otra forma afectan la economía nacional e impiden el desarrollo del país.

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