El futuro de la mina Cobre Panamá, está en manos del Gobierno. Este lunes, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó que se desarrolló una reunión de coordinación con el presidente de la República, José Raúl Mulino, para abordar el tema minero, dijo además que ya cuentan con los términos de referencia para las auditorías.
Moltó sostuvo que en los próximos meses se estaría anunciando la empresa internacional que estará a cargo de llevar adelante esta auditoría.
«Tenemos una auditoría por realizar, una auditoría ambiental que el ministro de Ambiente ha anunciado, y una auditoría lo que completa el resto, lo que lo hace una auditoría integral. Yo calculo que en un mes, mes y medio o algo así debemos tener el apoyo de alguna institución internacional para poderle brindar la transparencia a la población que la auditoría va ser realizada por una empresa de renombre internacional», señaló.
El titular aclaró que el presidente Mulino no ordenó la reactivación de operaciones en la mina, debido a que el contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado fue declarado inconstitucional. Explicó que los permisos para exportar las miles de toneladas de concentrado de cobre que permanecen ahí almacenadas y el encendido de la planta termoeléctrica, son por medidas de seguridad ambiental y de la infraestructura.
«Los equipos, si no se encienden se deterioran, dentro de esos equipos tienen aceite, son motores. No podemos dejar que se deterioren los equipos. Yo creo que no es nada que tenga que ver con abrir una mina en este momento, ni explotar, ni nada de eso el tema minero, sino simplemente, sesudamente, se han ido tomando decisiones respecto a temas», agregó.
Empresarios reaccionan al tema minero
Sobre esto, empresarios manifestaron que no hacer nada, en el tema minero, no es una opción.
«Entendamos que lo que fue declarado inconstitucional fue el contrato. La Constitución de la República de Panamá permite la minería, esa es la realidad. Por lo consiguiente hay que ver dentro de las razones legales, ver cómo logramos hacer un contrato y la explotación, porque tenemos el tajo en Panamá. ¿Qué debemos hacer? Sacarle el mayor beneficio al mismo», dijo Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).
Mientras Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede), agregó que sobre el particular, hay muchos temas que se deben que analizar con mucha calma.
«Tenemos un contrato que ha sido declarado inconstitucional, otro que es que tenemos una moratoria minera que también es una ley de la República y entonces que cuya institucionalidad se está analizando. Sin embargo, hay muchos elementos que analizar con calma, que hay que ver dentro de la ley y por supuesto salvaguardando el Estado de derecho y salvaguardando también las normas ambientales», sostuvo De Sanctis.
Otro tema que deberán abordar es la moratoria minera. Según dijo el presidente de la Cámara de Comercio, dicha moroatoria podría ser considera inconstitucional.
«La moratoria minera, que hay ciertas personas que consideran que la misma es inconstitucional ya que la Constitución de la República de Panamá permite la minería, es para concesiones a terceros. Sin embargo, si la mina es de Panamá, y contratan a alguien para que la administre no se tendría que dar una concesión en este tema», remarcó Arias.
El presidente Mulino indicó que el impacto económico por el cierre de la mina es de unos $780 millones en impuestos directos y otra cantidad de millones de dólares con el Seguro Social.
Fuente: / Ciara Morris
