El consultor laboral, René Quevedo, destacó que si bien el desempleo subió de 7,4 % a 9,5 % y la informalidad pasó de 47,4 % a 49,3%, hoy hay 15.363 más personas buscando trabajo que hace un año, y 30,682 menos trabajando.

Otro aspecto que subrayó Quevedo es que se registró una contracción de la Población Ocupada No Agrícola, de 1.613.670 trabajadores (agosto 2023) a 1.566.014 en octubre 2024, una reducción de 47.656 empleos no agrícolas.

Asimismo, dijo, se reportó una disminución de 54.107 empleos formales no agrícolas en 14 meses, parcialmente compensada por el aumento del empleo informal.

Como contexto, Quevedo explicó que con un nivel de informalidad laboral de 49,3 % de la Población Ocupada No Agrícola, la cifra de trabajadores No Agrícolas (privados y públicos) a octubre 2024 (794.411) es escasamente superior a la existente en agosto 2011 (790.917), cuando la informalidad era de 36,9 %, la más baja en los últimos 20 años (pero hoy tenemos la más alta de los últimos 20 años).

En Panamá, una persona que se encuentra en la informalidad laboral es aquella que trabaja en empleos no regulados por el Estado y que no cuenta con los beneficios y protecciones laborales formales, como seguridad social, seguro de salud, vacaciones pagadas y derechos de jubilación.

Estos trabajadores suelen estar empleados en sectores como el comercio ambulante, pequeños emprendimientos, trabajos domésticos, y otros empleos que no están registrados oficialmente.

Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), aclaró, que los informales al final son personas que se manejan con su propia economía, pero no pagan impuestos, no tienen planillas y no pagan seguro social. “Más bien, es un sector que maneja un altísimo número de fondos, pero no están pagando ni impuestos ni haciendo los aportes a la CSS. Es por eso que el sector informal afecta directamente a la economía nacional”, sentenció Martínez, quien defendió que esto en nada se compara con las micro, pequeñas y medianas empresas que sí cotizan y pagan impuestos.

Para Quevedo, la informalidad tiene varias implicaciones, entre esas está que las cifras representan la mayor contracción del empleo formal desde la pandemia.

Recordó que el principal “enemigo” del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es la “explosión de informalidad”. Por ejemplo, mencionó que entre agosto 2013 y agosto 2023 se perdieron unos 26.000 empleos asalariados de la empresa privada, pero se agregaron 77.000 funcionarios y 235.000 informales a la economía. Es decir que, cada trabajador asalariado que perdió su empleo en esa década fue reemplazado en la economía por tres funcionarios y nueve informales, “síntoma de la pérdida de confianza en el clima para la inversión privada, particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos”, explicó el consultor laboral.

Del mismo modo, agregó que en agosto 2023 había prácticamente la misma cantidad de asalariados privados (853.938) que en agosto 2012 (853.663), a pesar de que en ese lapso (11 años) se generaron 317.477 empleos, de los cuales 237.085 (75 %) fueron informales y 80.117 (25 %) fueron funcionarios.

Quevedo advirtió que el hecho de que en 14 meses (agosto 2023 a octubre 2024) hayan desaparecido 54.107 empleos formales no agrícolas implica un “agravamiento de la principal causa de la debacle financiera del IVM”.

El consultor laboral recalcó que el impacto laboral del cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión son “muy superiores” al estimado originalmente. Por un lado, ambos escenarios ocasionaron un aumento del 1,5 % en la tasa del desempleo, es decir, se perdieron 31.413 empleos, según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y, por el otro, se registró un incremento de las tasas de interés, que originaron una desaceleración de los nuevos financiamientos bancarios al sector productivo, que hasta octubre 2024 fueron $2.752 millones menos (-17 %), que en los 10 primeros meses del 2019. “Esta merma repercutió sobre la capacidad de la economía para generar empleo”, ponderó.

Quevedo recordó que “la operación de la mina representaba compras de más de $1.000.000.000 a otros sectores de la economía, por lo que su suspensión ha tenido devastadores consecuencias laborales, como lo ratifica el más reciente Informe Laboral del INEC”.