Fuente: / panamaamerica.com.pa

El pago de cuotas a los clubes de padres de familias parece haberse normalizado en el país, pese a que en muchas ocasiones las autoridades han mencionado que dicho cobro no es obligatorio.

Las quejas de los acudientes sobre este tema son constantes, podría decirse que se repiten todos los años, pues en varias escuelas a nivel nacional la matrícula está condicionada a este apoyo económico, lo que afecta el ingreso al sistema educativo.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se enfrenta nuevamente a esta problemática, pues desde su pasada gestión (2009 – 2014) se conoce que las asociaciones de padres de familia obtienen un porcentaje de los desembolsos realizados por los acudientes.

Recursos cuya finalidad se desconoce, ya que, no existe una reglamentación que obligue a estos grupos a rendir un informe sobre la cantidad de dinero recaudado y sus usos, situación por la que repetidamente sus miembros son acusados de supuestos robos y malversación de fondos.

Las escuelas ubicadas en la provincia de Panamá Oeste han sido las más afectadas por esta situación.

Hace dos meses, se conoció que los estudiantes de la Escuela Lucas Bárcenas no estaban asegurados debido a que los fondos destinados para tal fin desaparecieron sin mayores explicaciones.

Situaciones como esta se replican anualmente no solo en el área Oeste, sino también en otros sectores como San Miguelito, Juan Díaz y la ciudad capital.

Para acabar con esta problemática, el Ministerio de Educación (Meduca) presentará un decreto que ordene dicha situación.

Molinar adelantó a Panamá América que en próximas semanas se reunirá con los directores regionales y asociaciones a nivel nacional para establecer de manera conjunta las nuevas normas que regularán esta práctica.

La titular de Educación catalogó esta situación como “un desastre”, y aspira a corregirla durante este quinquenio.

Aunque existen muchos casos irregulares, Molinar destacó que también hay agrupaciones que utilizan responsablemente estos recursos y aportan al mejoramiento de los centros educativos.

Por lo tanto, no considera justo catalogarlos a todos por igual ni eliminar la cuota si puede utilizarse en beneficio de los estudiantes y las estructuras educativas.

“Muchas veces la cuota de padres de familia ayuda mucho, pero necesitamos contar con la colaboración de los acudientes para que todos sepan cuál es su rol y haya un marco jurídico que todos deban cumplir”, acotó.

Expresó que la reparación de aquellos daños estructurales que no exigen su presencia pueden ser costeados por esta cuota.

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