Fuente: laestrella.com.pa/Adolfo Berríos Riaño

El salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli es un golpe al estado de derecho y una muestra de la impunidad en Panamá, de acuerdo con Olga De Obaldía, directora ejecutiva de Libertad Ciudadana, Capítulo de Panamá de Transparencia Internacional.

Estamos hablando de una persona con una condena de un delito común que utiliza la figura del asilo político para poder lograr la impunidad, cosa que ha logrado”, manifestó De Obaldía.

“Realmente es un golpe a la institucionalidad, es un golpe al Estado de Derecho, es un golpe a la conciencia ciudadana sobre el trabajo. La impunidad es una suerte de cáncer en el alma del imaginario nacional”, lamentó.

De Obaldía enfatizó que el salvoconducto es solo para ir al país de acogida, que en este caso sería Nicaragua. Argumentó que la forma de garantizar esto es que Panamá emita una orden de captura a través de Interpol.

Sin embargo, la deuda de Martinelli ante la justicia panameña permanece. “El expresidente Martinelli tiene múltiples casos que están clasificados dentro de lo que se llama gran corrupción. Queda la duda sobre otra serie de casos que no van a llegar a la justicia porque no va a estar en el país para enfrentarlas, como el caso de Odebrecht”, acotó.

“El salvoconducto es un compromiso de la República de Panamá con la República de Nicaragua para garantizar un traslado seguro de la persona a la cual se le ha favorecido con un asilo político en el territorio nicaragüense. Quiere decir que se activa un mecanismo diplomático que debe permitir coordinaciones para garantizar ese traslado”, detalló.

“La situación podría encontrar vacíos desde el punto de vista de que Panamá ha dado unos días para que se ejecute ese traslado y que de no ocurrir, entonces Panamá tendría que reprocharle a Nicaragua por la vía diplomática que el traslado no se haya verificado”, puntualizó el abogado.

Araúz explicó que aunque pase el tiempo establecido y no se concrete el traslado, las autoridades panameñas no podrán entrar a la embajada de Nicaragua ya que se mantiene la inmunidad de la misma.

A su juicio, el salvoconducto es una muestra que Panamá acepta la condición de asilado político de Martinelli y que no insistirá en la ejecución de la condena de 10 años y medio que mantiene el expresidente por blanqueo de capitales.

Destaca que la sentencia del exmandatario cuenta con un tiempo de prescripción, el cuál es relativo a su condena.

Fuente: laestrella.com.pa/Adolfo Berríos Riaño