Según Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, la medida afecta directamente a cinco caminos terrestres clave, cerrando la mayoría de ellos abruptamente y sin consulta bilateral. Aunque no se han confirmado oficialmente, se reporta el uso de alambres de púas para reforzar estos cierres, lo cual podría aumentar los riesgos para los migrantes, quienes podrían buscar rutas alternativas peligrosas.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha propuesto discusiones con autoridades colombianas y reuniones con comunidades locales afectadas, reconociendo el impacto en poblaciones indígenas y locales. Sin embargo, la instalación de barreras físicas ha suscitado críticas de grupos como el Consejo Mayor de Comunidades Negras y la Defensoría del Pueblo, que advierten sobre posibles violaciones de derechos humanos y riesgos para la integridad física de los migrantes.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por el aumento del represamiento de personas en municipios cercanos y la afectación a los derechos fundamentales de las comunidades étnicas y migrantes en tránsito.

El debate continúa mientras ambos países buscan llegar a un consenso sobre los pasos fronterizos abiertos, con el desafío de gestionar de manera humanitaria y efectiva el flujo migratorio en esta región crucial.