Fuente: / Errol Caballero

Los sucesos tuvieron lugar el mes pasado, cuando un grupo de 74 personas fueron detenidas y trasladas de Bocas del Toro a una cárcel en la provincia de Veraguas

Las denuncias por presuntos abusos y el uso de fuerza excesiva durante la Operación Omega, que tuvo lugar el mes pasado en la provincia de Bocas del Toro, siguen su curso ante la justicia panameña.

En una nota enviada a la Procuraduría General de la Nación, con fecha del 15 de julio de 2025, la fiscal Odelkis Marlin Ríos Castillo dio a conocer a la Procuraduría General de la República los detalles de una querella relacionada con los presuntos delitos contra la libertad individual, contra la humanidad, la seguridad colectiva y asociación ilícita.

Entre los señalados dentro de este proceso, identificado con la carpetilla número 202500047056, están la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, el director del sistema penitenciario, Jorge Torregroza, el Ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y Jaime Fernández, director de la Policía Nacional.

De acuerdo con la querella presentada por Diego Enrique Valdes Adames y Digna Yazmín González, Raúl Hurtado Díaz, oriundo de la ciudad de Changuinola, fue detenido en la provincia de Bocas del Toro el 21 de junio durante el operativo policial y trasladado, junto a otros 73 detenidos, al Parque Van Cleef, en la provincia de Chiriquí. El traslado habría sido autorizado por Jorge Torregosa, director del Sistema Penitenciario.

Pero de acuerdo con un fallo del 22 de junio, emitido por el Tribunal Superior de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia tenía pendiente dirimir un recurso de habeas corpus presentado por la defensa.

Este derecho se mantuvo suspendido del 20 al 25 de junio, como parte de un estado de urgencia decretado por el Ejecutivo.

Ante esta situación, los detenidos fueron trasladados por órdenes del Ábrego  y Fernández, a la cárcel pública de Veraguas. De acuerdo con la querella, esto habría supuesto una violación a los derechos de Díaz, “entre ellos, ser presentado en las siguientes 24 horas posteriores a su detención”.

Según el documento, “al momento de presentar la pretensión punitiva” habrían transcurrido “más de 72 horas”. Esto con el presunto agravante de un traslado ilegal, ya que “el estado de excepción rige únicamente en la provincia de Bocas del Toro, no en la provincia de Chiriquí ni Veraguas”.

Adicionalmente, los detenidos habrían sido objeto de torturas físicas, entre otras “violaciones de garantías constitucionales”.

Ante una “presunto comportamiento ilícito” por parte de los ministros de Gobierno y Seguridad, y de los directores de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario, la fiscal chiricana alega que el mismo debe “ser verificado y examinado” por la Procuraduría General de la Nación.

En el texto se cita el artículo ocho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que destaca el derecho que tiene toda persona a “ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter».

Asimismo, se cita otros artículos del código procesal panameño, además de la Constitución Nacional y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Destino Panamá intentó conseguir más información acerca de la querella con el Ministerio Público, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

La querella se suma a otras presentadas el mes pasado por Gonzalo Moncada Luna y otros abogados contra lo que consideran como detenciones arbitrarias que tuvieron lugar durante el trascurso de la Operación Omega.

De acuerdo con Moncada Luna, la suspensión del derecho al hábeas corpus durante cinco días fue improcedente, ya que se trata de una garantía que se encuentra amparada por del derecho internacional.

Fuente: / Errol Caballero