Fuente: / www.panamaamerica.com.pa

Las boletas de protección son «ineficaces, son medidas inútiles y verdaderamente no están cumpliendo el rol que deben cumplir en materia de protección hacia las mujeres en nuestro país». Ese es el punto de vista contundente de la abogada penalista Suky Yard.

Su declaración no es una opinión aislada, sino un veredicto respaldado por una letanía de nombres, entre los que figuran: Karen Velázquez, Paola Chávez, Selinda Córdoba Batista, entre muchas más… mujeres que, con la boleta de protección en la mano, fueron brutalmente asesinadas.

Estas medidas, detalladas en la Ley 82 de 2013 y el Código Procesal Penal, son un catálogo de acciones, como la prohibición de acercamiento o contacto, que el Ministerio Público ordena para «salvaguardar y proteger a las víctimas de delito». Sin embargo, al evaluar su nivel de efectividad real, Yard asegura que este es «nulo», y «las víctimas lo demuestran… las mujeres terminan siendo asesinadas con las medidas de protección en la mano, porque ellas son el reflejo de la inoperatividad y de la ineficacia absoluta de las mismas».

El principal obstáculo, según la penalista, no es un vacío legal, sino una falla sistémica. «El primer obstáculo que tenemos a nivel país es que seguimos desconociendo la realidad en materia de violencia en contra de las mujeres… existe una invisibilización del problema, porque siguen culpando a las mujeres de sus propias muertes».

La Ley del 2013 establece un catálogo de medidas muy claras en materia de protección. En su Artículo 3 define la violencia contra la mujer y en el Capítulo VII establece sanciones, incluyendo el «quebrantamiento de medidas de protección» (Art. 397-A). Pero la cruda realidad que describe Yard revela una desconexión entre lo que dice la ley y lo que se hace.

Un caso de femicidio en el que Yard se desempeñó como abogada querellante fue en el de Karen Velázquez, ocurrido entre abril y mayo de 2020. Ella «tenía no una, sino tres carpetas sobre medidas de protección. La cuarta carpeta fue donde se registró que la mató», dijo con voz quebrantada la letrada. O el reciente caso de Paola Chávez, ocurrido a inicios de septiembre de este año en La Chorrera. Ella fue ignorada en varias ocasiones y, aunque al final obtuvo la boleta de alejamiento, igual fue asesinada, y lo peor es que el agresor «ni siquiera estaba notificado». ¿Por qué no se le notificó de la medida de protección?», se pregunta la abogada.

La cadena de fallos continúa con la capacitación de las autoridades de cómo hacer ese primer abordaje hacia las víctimas, asegura Yard. «Si una víctima llama en reiteradas ocasiones a una estación de policía para pedir ayuda, el comentario generalizado que hay entre las unidades es que ‘ella siempre perdona al agresor'». Además, considera que: «Hay que generar empatía y sentido de urgencia en los funcionarios cada vez que una víctima acuda a una autoridad».

Señala que «aún nos hace falta mucha docencia», porque los funcionarios «no están siendo capacitados para entender qué ocurre con una mujer que está siendo víctima de violencia doméstica. ¿Cómo el temor la puede paralizar?, ¿cómo puede tener temor de tomar cierta acción, porque tiene miedo de que la maten? Peor aún, tiene miedo de acudir a una autoridad».

Frente a este escenario desolador, la abogada Yard no se limita a la crítica, sino que propone soluciones concretas. Apunta a la necesidad de reformar las penas por femicidio: «Yo propondría una reforma… que la pena aumente a 50 años y que se cumpla en su totalidad. Nada de acuerdo de pena».

Pero la sanción, insiste, es solo una parte. La verdadera protección, argumenta, debe venir de un sistema integral, similar al creado por la Ley 285 del 15 de febrero de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y además dicta otras disposiciones.

«Todas las instituciones deberían estar interconectadas para poder trabajar en conjunto… la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres es un tema de humanidad y, por consiguiente, todas las instituciones deberían estar interconectadas para poder trabajar todas en conjunto de acuerdo con lo que le corresponde a cada una».

Su mensaje final es una advertencia urgente para el Estado y una verdad cruda para las mujeres: «No podemos seguir mirando hacia un lado», y las víctimas deben tener claro que: «Cuando el hombre que es asesino le dice a una mujer que la va a matar, es porque verdaderamente la va a matar», aunque no lo haga de inmediato y en el transcurso de los días «le diga que la quiere», pero al final «termina matándola».

La crónica roja de Panamá sigue escribiéndose con sangre. Y cada nuevo femicidio con una boleta de protección de por medio es un testimonio mudo y brutal de que un documento, por sí solo, no puede detener a un asesino.

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