La directora del Observatorio contra la Explotación Sexual de la Universidad de Panamá, Rosaria Correa, advierte que los recientes casos que involucran vulneraciones de derechos de niños y adolescentes en albergues no pueden analizarse de forma aislada, sino como reflejo de fallas estructurales en el sistema de garantías.
Correa explicó que tras la aprobación de la Ley 285 de 2022, Panamá avanzó hacia un enfoque que reconoce a los niños como sujetos de derecho y no como simples objetos de protección. Sin embargo, considera que aún persisten debilidades en la implementación.
Supervisión pendiente y fallas históricas
La académica recordó que desde 2009 el país ha enfrentado denuncias y escándalos en albergues, lo que evidencia que las irregularidades no son hechos nuevos.
A su juicio, el Estado no ha logrado frenar de manera definitiva situaciones que se repiten cíclicamente. “No puede ser que la supervisión ocurra cada cierto tiempo. Tiene que ser permanente”, afirmó, subrayando la necesidad de presupuestos adecuados y personal debidamente formado.
Correa enfatizó que más que capacitaciones aisladas, se requiere una formación integral con enfoque en derechos humanos en carreras como Psicología, Educación y Medicina.
Obligación de denunciar
También recordó que la legislación vigente establece la obligación de denunciar cualquier posible delito contra menores. Citó la Ley 14, que dispone que todo funcionario o ciudadano que tenga conocimiento de una vulneración debe acudir de inmediato ante las autoridades.
“No se puede esperar ni trasladar la responsabilidad. La denuncia inmediata es clave para frenar nuevas violaciones”, indicó.
Cifras ocultas y delitos en línea
Desde el Observatorio, Correa señaló que existen “cifras ocultas” de delitos que no llegan a conocimiento de las autoridades y que pueden ocurrir en entornos familiares, escolares o comunitarios.
En la línea específica de explotación sexual, alertó sobre el aumento de captaciones a través de internet. Explicó que actualmente se registran casos vinculados a prácticas como el grooming y el sexting, donde los agresores pueden operar incluso desde otros países.
En ese sentido, destacó la cooperación con el Instituto Interamericano del Niño de la Organización de los Estados Americanos, a fin de fortalecer el monitoreo regional y formular recomendaciones de política pública.
Llamado a fortalecer el sistema integral
Correa insistió en que la respuesta no debe limitarse al ámbito judicial. Señaló que juzgados, fiscalías y demás operadores deben aplicar el principio del interés superior del niño con criterios actualizados y enfoques diferenciados.
“Mientras no logremos que el sistema funcione de manera articulada y permanente, seguirán repitiéndose situaciones que afectan a nuestros niños”, concluyó.
Fuente: / www.ecotvpanama.com / María José Jiménez
