La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (APUNACHI) exigió, mediante un comunicado, que la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, considere su renuncia, por la crisis que atraviesa la institución.

El gremio docente emitió el pronunciamiento el pasado 4 de mayo, en el que expresó su profunda preocupación por la situación que enfrenta la universidad, señalando una crisis “sin precedentes” marcada por la falta de liderazgo, problemas financieros y cuestionamientos a la gestión administrativa.

En un comunicado, firmado por el presidente de la asociación, Félix Estrada Kapell, y el secretario general, Siomy Wong Araúz, se detalló que la situación surge tras una serie de acontecimientos recientes que reflejan una preocupante degradación en la conducción universitaria.

Igualmente, resaltaron la ausencia de la rectora ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional el pasado 21 de abril de 2026, donde debía sustentar la memoria institucional correspondiente al año 2025. El gremio consideró que esta inasistencia no solo representa una falta física, sino también una evasión de responsabilidad frente a una gestión ampliamente cuestionada.

Asimismo, de la asociación subrayaron diversos problemas estructurales que afectan a la universidad, entre ellos, una severa asfixia presupuestaria, evidenciada por un gasto ejecutado de 91 millones de dólares frente a un presupuesto asignado de 72 millones de dólares, lo que advierten compromete la operatividad básica de la institución y genera incertidumbre en la comunidad universitaria.

APUNACHI también denunció una deuda significativa con la Caja de Seguro Social, que asciende a 27.6 millones de dólares, incluyendo 12.4 millones de dólares en obligaciones críticas, además de compromisos pendientes con el SIACAP. Según el gremio, este incumplimiento vulnera derechos fundamentales de los funcionarios.

De igual forma, alertaron sobre una parálisis operativa derivada de medidas de contención del gasto, que han provocado la escasez de insumos esenciales como alimentos para cafeterías, gas y combustible. Manifestaron que esta situación impacta directamente a más de 22,500 estudiantes, deteriorando el entorno académico.

En el plano administrativo, la asociación cuestionó la permanencia de prácticas que vinculan la gestión universitaria con clanes familiares y decisiones bajo observación de entidades fiscalizadoras. Señalan que la rectora enfrenta investigaciones por parte de distintas instancias del Estado, lo que, a su juicio, evidencia una administración que ha priorizado intereses particulares sobre el bienestar institucional.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a los órganos de gobierno universitario, Consejo General, Académico y Administrativo a garantizar que el debido proceso no sea utilizado como excusa para la impunidad, sino como un mecanismo que asegure justicia y transparencia.

Fuente: / www.metrolibre.com