Se trata de la pavimentación de la carretera El Tigre de Los Amarillos a Santa Catalina, en la provincia de Veraguas.
Esta obra se licitó en 2023 y fue adjudicada por $10,6 millones en febrero de 2024 al consorcio conformado por Asfaltos Panameños e Inversiones Los Tres, S.A. esta última empresa fue presidida por Andrade y en ese momento tenía el 50% de las acciones, según la Declaración Jurada de Acciones Nominativas, entregada a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), y que publicaba Panamá Compra.
El 26 de junio de 2024 Asfaltos Panameños asume todos los derechos y obligaciones del consorcio, es decir, Inversiones Los Tres sale del negocio.
Este diario intentó contactar a Pardo, no atendió.
En tanto, Andrade no solo avaló incrementar la carretera que licitó y de su socio, también firmó otra adenda con modificaciones al proyecto.
A vez, ‘inspeccionó’ personalmente la vía al menos en dos ocasiones y manifestó su satisfacción por la calidad de los trabajos que ejecutó el ingeniero diseñador de su empresa, y que ahora es director de diseños del MOP: Edwin Lewis.
Y es que como indica el abogado Barsallo “tener el conflicto no es lo malo, lo malo es manejarlo mal. No declararlo, no solicitar impedimento”.
¿Cómo se manejó el posible conflicto?
¿Andrade declaró impedimento? El funcionario no accedió a brindar declaraciones a este medio, a pesar de las insistentes llamadas hasta el día de ayer.
Tampoco atendió el cuestionario enviado desde el jueves pasado, prometió contestar en un mes y medio con documentos.
Sin embargo, según los hechos y fotos que describen las notas institucionales del MOP, así como las adendas firmadas por el propio Andrade, no se aprecia distancia de los actos administrativos en los que pudiera haber un conflicto de intereses.
Andrade mantenía el contrato nueve meses antes de que como ministro avalara que el Estado pague más por la obra a cargo de su socio, y en la que licitó previamente, como se explicó.
La normativa establece que la autoridad debe declarar impedimento de conocer procesos si dos años antes tuvo proceso pendiente en la formación del acto o negocio del proceso.
Gobierno restringe información de licitantes
¿Y cómo saber quién es el verdadero dueño o beneficiario final de la empresa? Justamente, la declaración jurada de acciones nominativas que presentó Inversiones Los Tres a la DGPC-que detalla que Andrade era accionista- y que se publicó en Panamá Compra, fue restringida al público por la DGCP en la actual administración.
Por otro lado, los funcionarios tienen la obligación de hacer una declaración jurada de intereses particulares donde se pudiera ver su participación empresarial y el posible conflicto de interés, documento mediante escritura pública que se entrega al inicio y al final de la gestión gubernamental, lo que permite su comparación y se remite a la Antai.
Castillo informó que el titular del MOP, entregó esta documentación a la Antai.
¿Confianza a ciegas?, ¿Antai mera custodia?
¿Qué alcance puede tener la evaluación de la Antai si la institución no tiene acceso a la información del Registro Único de Beneficiarios Finales y, por tanto, no puede verificar quiénes están realmente detrás de las sociedades vinculadas al caso?
“Es una declaración jurada, se debe poner el beneficiario final de las sociedades, pero cómo puedo verificar si no tengo la información de los beneficiarios finales. Mantengo la información y la reviso en caso de un conflicto de interés y en esta administración no se ha revisado, no hay expedientes levantados sobre ello”, explicó Castillo.
Añadió que“ la norma tiene deficiencias porque se sanciona no presentar la declaración, más no el conflicto de interés.
Apede pide cumplir ley contra estos conflictos
“Panamá cuenta con herramientas legales claras para gestionar los conflictos de interés en la función pública. La Ley 316 de 2022 establece, en sus artículos 3 y 4, que los ministros de Estado, como sujetos obligados, deben actuar con objetividad, transparencia y honradez, evitando que su interés particular influya en el ejercicio de sus funciones”, recordó Giulia De Sanctis, presidenta de Apede.
De Sanctis añadió que la Ley 38 de 2000 es explícita en cuanto a la obligación del funcionario de declararse impedido cuando ha tenido vínculos con alguna de las partes. A ello se suma el Código de Ética de la función pública, que impone una obligación proactiva de transparencia y de prevención ante situaciones que puedan percibirse como un conflicto de interés.
En el caso de la carretera a Santa Catalina, Andrade manifestó, durante la inspección de mayo de 2026, su satisfacción por los trabajos, mismos que hizo el diseñador de su empresa, Edwin Lewis, quien desde julio de 2024 funge como Director Nacional de Estudios y Diseños del MOP.
“Valoramos que el sector público se nutra de profesionales con experiencia empresarial, pero precisamente por eso cumplir esas normas. No es un obstáculo — es lo que protege al funcionario y a la institucionalidad”, señaló la representante del gremio empresarial.
