MEDUCA advierte: docentes con diplomas falsos podrían enfrentar cargos por asociación ilícita.
23 junio, 2026Frecuencia Informativa: Edición Vespertina, martes 23 de Junio de 2026.
23 junio, 2026
Un total de 39 organizaciones de la sociedad civil y 64 individuos firmaron una carta exigiendo retirar a los 29 privados de libertad que han sido trasladados al Parque Nacional Coiba y restablecer el cumplimiento de la Ley 44.
A través de una carta pública, recuerdan que el Parque Nacional Coiba es una de las cinco áreas protegidas más visitadas del país, con un valor ecológico excepcional que la hizo acreedora al reconocimiento de patrimonio de la humanidad por la Unesco.
“El artículo 28 de la Ley 44 de 2004, que crea el área protegida, dispuso que los privados de libertad que permanecían en el penal fueran trasladados a otras áreas a más tardar un año después de la fecha de entrada en vigencia de la Ley y que las edificaciones fueran entregadas al hoy Ministerio de Ambiente para administración del Consejo Directivo,” recuerda la carta. “El Consejo es un ente colegiado con participación de la academia y las organizaciones de sociedad civil al que corresponde, conforme a la Ley, vigilar el cumplimiento del Plan de Manejo, entre otras funciones. Sin embargo, no fue consultado antes de la adopción de la decisión de traslado de los detenidos, a pesar de que los ministerios de Gobierno y Seguridad Pública forman parte del consejo”, lamentó.
Las organizaciones también están preocupadas porque el traslado de privados de libertad pone en peligro la alta visitación del área protegida por parte de turistas nacionales e internacionales y pone en entredicho el compromiso de Panamá con sus obligaciones internacionales de conservación.
“Las acciones acordadas por el Consejo Directivo el día de ayer carecen de la contundencia y agilidad necesaria para restaurar el cumplimiento de la Ley 44 de 2004, el Plan de Manejo y los compromisos internacionales. Las normas son claras, no requieren de mayor interpretación. Su falta de aplicación directa tampoco ha sido adecuadamente explicada por el Ministerio de Ambiente. Los firmantes exigen al Ministerio de Gobierno desistir de inmediato y de manera definitiva de esta medida improcedente, y la acción contundente del Ministerio de Ambiente y el Consejo Directivo antes de que la alerta a nivel internacional afecte el área protegida”.
