Fuente: / www.panamaamerica.com.pa

El procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, realizó un balance de las principales investigaciones que adelanta el Ministerio Público (MP) y aseguró que el combate a la corrupción continuará siendo una prioridad de su administración.

Durante una entrevista en el programa Noticias 180 Minutos, conducido por el periodista Álvaro Alvarado, abordó casos como la Operación Pandora, el proceso contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, las investigaciones por la denominada descentralización paralela y otros expedientes de alto perfil.

Uno de los temas abordados fue el incidente ocurrido en la Alcaldía de Panamá, donde un manifestante resultó herido durante una protesta. Gómez Rudy confirmó que la Fiscalía Superior de Atención Primaria del área metropolitana abrió una investigación por el delito de lesiones personales y que el expediente comenzó a tramitarse desde ayer.

El procurador también se refirió al caso de la empresaria Marie Claire González, quien falleció el pasado 11 de julio, luego de que sus familiares solicitaran acelerar las investigaciones y plantearan la posibilidad de un suicidio inducido.

Precisó que el caso está en manos de la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio del área metropolitana, que desarrolla diligencias para reconstruir el entorno que rodeó a la víctima y esclarecer las circunstancias de su muerte.

Sobre el proceso contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, investigado por presunto enriquecimiento injustificado, recordó que el expediente surgió a partir de un informe de la Contraloría General de la República. Señaló que la fiscalía pidió declarar la causa como compleja para ampliar las investigaciones, pero la solicitud fue rechazada por una jueza de garantías, lo que dio por concluida la fase de investigación formal.

Agregó que ahora corresponde al Ministerio Público presentar el escrito de acusación para dar paso a la fase intermedia del proceso. Además, sostuvo que la decisión de imputar cargos se tomó porque la fiscalía contaba con los elementos necesarios para avanzar, aunque reiteró que la institución debe acatar las decisiones adoptadas por los tribunales.

Al ser consultado sobre las diferencias surgidas entre la Procuraduría y la Contraloría General tras la irrupción del contralor Anel Flores en la Fiscalía Anticorrupción para retirar a los auditores que rendían testimonio en el caso Carrizo, Gómez Rudy negó que exista algún conflicto entre ambas entidades.

Recordó que la Contraloría tiene funciones de fiscalización administrativa, mientras que el Ministerio Público posee el mandato constitucional de investigar los delitos y ejercer la acción penal.

En materia de corrupción, reveló que actualmente existen más de 6,500 causas activas en las fiscalías especializadas. Comentó que al asumir el cargo encontró un importante volumen de expedientes que requerían mayor dinamismo, por lo que se implementó un nuevo modelo de gestión para reforzar el trabajo de los fiscales, fortalecer las capacidades operativas y priorizar los casos de mayor impacto social y económico.

Como resultado de esa estrategia, destacó que en el último año y medio se han realizado más de 1,600 imputaciones, unas 245 operaciones, alrededor de 242 condenas y se han recuperado aproximadamente 9.1 millones de dólares.

Añadió que las investigaciones relacionadas con la descentralización paralela también avanzan y que, de unas 340 denuncias recibidas, 42 ya fueron judicializadas, mientras otras continúan en fase de investigación porque requieren ampliar la información remitida por la Contraloría.

En cuanto a la Operación Pandora, Gómez Rudy señaló que la investigación nació de los casos e-Tax 2.0 y Publicano, donde inicialmente fueron imputadas seis personas. Las pesquisas posteriores permitieron identificar una presunta estructura criminal, por lo que el expediente fue remitido a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.

Actualmente hay 22 imputados, de los cuales 16 permanecen bajo detención provisional y seis mantienen otras medidas cautelares. El caso fue declarado causa compleja y contempla posibles delitos de falsificación de documentos, blanqueo de capitales y delincuencia organizada.

Finalmente, al referirse al señalamiento del presidente José Raúl Mulino sobre una supuesta «puerta giratoria» en el sistema de justicia, el procurador reiteró que «en el Ministerio Público no hay intocables» y subrayó que las investigaciones continuarán sin distinción de cargos o posiciones, mientras que serán los tribunales los encargados de determinar las responsabilidades penales.

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