Fuente: / www.destinopanama.com.pa / Errol Caballero

Más de 400 personas indagadas “por gusto”. Así de tajante fue la reacción del abogado Basilio González al enterarse de la decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de absolver a los imputados en el caso conocido como “Diablos Rojos”.

La causa guarda relación con el proceso de compensación económica por la salida de los ‘diablos rojos’ de circulación -tras la incorporación del sistema actual del Metrobús-, acaecida entre los años 2009 y 2014 y que terminó en la modernización del transporte público de la capital.

Inicialmente, el Ministerio Público investigó a más de 400 personas, entre ex funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Secretaría de Metas, representantes de concesionarias o de prestatarias, transportistas y particulares.

Dentro de este proceso, según información del Órgano Judicial, el año pasado comparecieron 187 imputados, a quienes se les procesó por presuntos delitos contra la administración pública. Esto a raíz de una serie de denuncias sobre supuestas irregularidades “que se estaban dando en las cancelaciones y reasignaciones de los certificados de operación”.

Estas acciones habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado de más de $24 millones, según las auditorías que se practicaron.

De acuerdo con González, que participó en el proceso representando a Roberto Salomón Homsany y Edmundo Homsany, indicó que el caso de los fiscales se desplomó cuando solicitaron la absolución para los “cuatros autores” del presunto delito contra la administración pública. En su opinión, esto debilitó la imputación que se le hizo al resto de los “cómplices primarios o secundarios” involucrados en esta trama.

Asegura que los fiscales que condujeron las pesquisas deben ser demandados civilmente.

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