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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) formalizó este martes la notificación a Sherina Latorraca, directora de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), sobre el inicio de una investigación de oficio en su contra tras su reciente nombramiento, según una información difundida por TVN Noticias.

Con esta acción administrativa, la Antaí estaría presumiendo la posible existencia de un eventual conflicto de interés y nepotismo, dada la relación de parentesco en primer grado de consanguinidad entre la funcionaria e instructora legal y la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TAC), Zaira Santamaría de Latorraca.

El detonante ante la Comisión de Presupuesto

El hecho cobra fuerza luego de las declaraciones de la presidenta del TAC ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. En esa sesión, la magistrada Santamaría defendió la contratación de su hija asegurando que, previo a la toma de posesión del cargo, se formalizaron las consultas pertinentes ante la Procuraduría de la Administración y la propia Antai para descartar cualquier incompatibilidad legal.

Latorraca estaba nombrada en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y fue convocada por el director de la DGCP, Javier Marquínez, para que atendiera las consultas legales acumuladas, aseguró la magistrada Santamaría.

Aseguró que su hija ni firma ni toma decisiones, y que su labor es emitir conceptos técnicos que son elevados a Marquínez.

Antai desmiente versión oficial

No obstante, la versión de la magistrada fue desmentida por la propia Antai. La institución confirmó a TVN que no consta en sus registros ninguna solicitud, documento o comunicación remitida por la presidenta del Tribunal sobre este caso.

La notificación entregada a Latorraca busca garantizar el debido proceso, otorgándole el espacio legal para presentar los descargos y pruebas que considere oportunos ante las sumarias abiertas por la autoridad reguladora de la ética pública.