Aunque los fondos fueron finalmente avalados por los diputados, la sesión dejó prácticas de opacidad informativa, inconsistencias documentales y vínculos entre empresas beneficiarias y figuras bajo investigación penal, lo que reavivó el debate sobre los límites entre la legalidad administrativa y la ética en la contratación pública.

El primer traslado aprobado, por $2.5 millones, corresponde a deudas con seis empresas contratadas para labores de limpieza de servidumbres y mantenimiento de áreas verdes, servicios clave para garantizar la operación segura de las líneas de transmisión eléctrica.

Entre las empresas beneficiadas figura Multiservicios Modernos, S.A., a la que ETESA adeuda $441,375.

Esta sociedad está vinculada al exdiputado Héctor Brands, quien enfrenta investigaciones del Ministerio Público por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

De acuerdo con auditorías previas citadas durante la sesión, el 96% de los pagos estatales recibidos por Multiservicios Modernos entre 2020 y 2024 provinieron de ETESA, lo que encendió las alarmas entre varios diputados por la concentración de contratos y la falta de competencia.

La diputada independiente Janine Prado cuestionó duramente el manejo de esta información, señalando que los diputados tuvieron que “corretearla durante meses” para conocer los nombres de las empresas beneficiadas.

“Este es un patrón de opacidad que no se condice con el discurso de transparencia. Puede ser legal, pero es moralmente insostenible”, advirtió.

Durante el análisis del traslado, los diputados detectaron órdenes de compra incompletas, algunas de las cuales incluían únicamente la primera página, sin detallar precios unitarios ni cantidades, lo que impedía verificar adecuadamente los montos reclamados.

También se identificaron discrepancias entre cifras y montos escritos en letras, como en el caso de Consorcio Aurora, S.A., situación que obligó a los representantes de ETESA a explicar que parte de los contratos eran de doble vigencia, con pagos parciales ya efectuados en años anteriores.

ETESA, en la tarde ayer, emitió un comunicado en el que precisó que “mientras no se resuelvan de manera judiciales las investigaciones, no se realizará el desembolso de los pagos relacionados a servicios prestados”.

El segundo traslado, por 10.5 millones de dólares, está destinado a Inversionistas de Construcción, S.A. (Iverco), empresa encargada de la repotenciación de la línea de transmisión Veladero–San Bartolo–Llano Sánchez–El Coco, considerada una infraestructura crítica para la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

El contrato original de esta obra asciende a $96 millones, pero ha recibido adendas por más de $76 millones, lo que generó fuertes cuestionamientos en la comisión.

“Con ese monto de adendas, ya debió abrirse una nueva licitación”, reclamó un diputado, quien reconoció, no obstante, que se trata de compromisos contractuales heredados que deben honrarse.

Los pagos se sustentan en la Ley 454, que exceptúa a ETESA y otras empresas públicas de la Ley de Contrataciones Públicas para servicios de mantenimiento y limpieza por montos inferiores a 1 millón de dólares, permitiendo contrataciones directas.

Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) obtuvo la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para realizar un traslado de partida por $2,818,057, destinado principalmente al alquiler de equipo pesado utilizado en trabajos de mantenimiento vial en distintas regiones del país.

Durante su comparecencia, Ivan de Ycasa viceministro explicó que el traslado busca reforzar partidas deficitarias: “Este traslado de partidas se utiliza para reforzar la insuficiencia de saldo en unas partidas presupuestarias, principalmente para el alquiler de equipo pesado”, indicó ante los diputados.

La decisión fue avalada por unanimidad, con ocho votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

El traslado de partidas se realizará dentro del propio presupuesto institucional, moviendo recursos de inversión a inversión.

Según explicó el viceministro del MOP durante su comparecencia, el objetivo es reforzar partidas con insuficiencia de saldo, especialmente aquellas vinculadas al objeto de gasto 105, relacionado con horas máquina.

Fuente: laestrella.com.pa/Ismael Gordón Guerrel