«El jefe de relaciones laborales de la empresa Chiquita nos manifestó que el día viernes destituyeron a los 60 trabajadores administrativos, es decir, que ya no hay trabajadores administrativos dentro de la empresa», dijo en rueda de prensa la ministra panameña de Trabajo, Jackeline Muñoz.
Muñoz añadió que toda esta situación que se ha dado ha estado «en manos de un sector que solo sabe generar desempleo, afectando a terceros» que solo piden que se «abra la actividad económica» en la provincia.
La ministra agregó, en este sentido, que se reunieron con el líder sindical de los trabajadores del sector para solicitarle que abra las calles, que han estado bloqueadas por varias semanas, lo cual configura un delito.
«Y la respuesta del sindicato es, nosotros vamos a vivir en las calles» hasta que se apruebe un proyecto de ley que reforma una norma especial para el sector, señaló Muñoz.
A su vez, el ministro de Comercio, Julio Moltó, dijo que luego de cumplir con su proyecto de ley especial para el sector bananero, «recabando todo eso que ya estaba en una ley especial para ellos con algunos beneficios adicionales para las mujeres que laboran dentro de este sector, no entendemos qué más piden».
«Abran las calles, están afectando a terceros; y definitivamente es algo que ellos no tienen sobre su mesa», apuntó Moltó.
La bananera anunció la semana pasada el despido de casi 5.000 trabajadores en huelga en la provincia caribeña de Bocas del Toro, tras un frustrado diálogo entre el Gobierno y el sindicato y después de alertar que el «abandono total» de las fincas provocó «daños irreversibles en la producción».
Un día después de eso, el Gobierno de Costa Rica celebraba el regreso de la empresa como cliente de un puerto estatal en el Caribe, tras la llegada de un buque que transporta carga de importación y exportación. La bananera ya había sido cliente de ese muelle en años anteriores.
Chiquita controla el 90 % de la producción nacional de banano, que se mantuvo en el primer trimestre de este año como el principal producto de exportación de Panamá al representar el 17,5 % de las ventas al exterior y alcanzar los 324,4 millones de dólares (unos 284,9 millones de euros), el mayor valor en 15 años, según el Gobierno.
La huelga sindical, así como las protestas en Panamá, comenzaron hace más de un mes y se han desarrollado de manera intermitente con marchas y algunos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, después de que estos últimos bloquearan parte de las principales vías del país.
La situación más grave se registra en esa provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica y dependiente económicamente tanto del sector turismo como del bananero, con fuertes bloqueos en las carreteras.
El pasado 27 de mayo, el Gobierno declaró el estado de emergencia en esa zona y creó una Comisión de Alto Nivel integrada por ministros de varias carteras para atender esta problemática.
El estado de emergencia en Bocas del Toro supone que los integrantes de la comisión «se encargarán de autorizar contrataciones mediante un procedimiento excepcional que soliciten los ministerios para las compras y proyectos que consideren cruciales para la recuperación económica», según explicaron autoridades panameñas.