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Luego de que el Juzgado Quinto Liquidador Civil ordenara el secuestro de cuentas y bienes del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque, a solicitud de Puerto Barú, las organizaciones ambientales aclararon que la medida no constituye una sentencia ni sanción, sino una acción cautelar dentro de un proceso por daños y perjuicios.

En una conferencia de prensa, este 5 de febrero, ambas entidades destacaron que esta acción desproporcionada “afecta gravemente el funcionamiento de ambas organizaciones”, al impedir el pago de gastos administrativos esenciales y congelar salarios y fondos de cesantía de sus trabajadores.

“En el caso de CIAM, se dificulta la prestación de defensa legal gratuita a comunidades vulnerables y ecosistemas en riesgo; mientras que, para Adopta Bosque Panamá, se pone en peligro la gestión de cuatro fincas en Chiriquí y Darién destinadas a la conservación, educación e investigación científica, donde se han identificado 74 nuevas especies para la ciencia” manifestaron.

Asimismo, mencionaron que este es el primer incidente de este tipo contra organizaciones no gubernamentales en Panamá, lo que genera serias preocupaciones sobre la vigencia de los valores democráticos y la libertad de expresión en el país.

De igual manera, CIAM y Adopta Bosque Panamá señalaron que integran una coalición de más de 60 organizaciones que solicitan la reubicación del proyecto Puerto Barú, luego de que evaluaciones científicas advirtieran los impactos que la construcción y operación portuaria podrían causar sobre los Manglares de David, ecosistema protegido por ley desde 2007. Destacaron que dichos estudios también identificaron fallas en la Evaluación de Impacto Ambiental presentada por la empresa y señalaron a Puerto Armuelles como una alternativa más viable para el desarrollo portuario en la provincia.

En tanto la vocera de ambas organizaciones, Lilian González Guevara, manifestó que “el promotor recurre a un marco normativo ya superado para congelar activos sin sustento suficiente, con la expectativa de obtener ventaja en un proceso judicial futuro”. Añadió que “las organizaciones continuarán defendiendo el patrimonio natural del país y el derecho de todas las personas a expresarse sin temor sobre asuntos de interés público”.

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