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El diputado de Seguimos, José Pérez Barboni, presentó un anteproyecto de ley que obligaría a los conductores que, bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, provoquen la muerte de un padre o una madre, a pagar una pensión destinada a los hijos menores de edad de la víctima.
El objetivo de la iniciativa es evitar que los niños y adolescentes queden desprotegidos económicamente tras perder a uno o ambos padres por la conducta irresponsable de un conductor.
La responsabilidad recaería en el culpable
Barboni explicó que la propuesta establece que el responsable del accidente deberá cubrir los gastos necesarios para que el menor mantenga, en la medida de lo posible, el mismo nivel de vida que tenía antes del fallecimiento de su padre o madre.
La pensión incluiría no solo alimentación, sino también educación, actividades extracurriculares y otras necesidades básicas. Aclaró que el Estado no asumiría estos costos, ya que la obligación recaería exclusivamente sobre la persona condenada.
El proyecto se enfoca en conductores bajo efectos del alcohol o drogas
El diputado indicó que la iniciativa no contempla todos los accidentes de tránsito con resultado fatal, sino únicamente aquellos en los que el conductor haya manejado bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
Según explicó, la diferencia radica en que conducir en esas condiciones constituye una conducta irresponsable y evitable, por lo que la medida también busca generar un efecto disuasivo para prevenir este tipo de tragedias.
La propuesta toma como referencia una ley de Estados Unidos
Barboni señaló que el proyecto surgió tras conocer una legislación vigente desde 2022 en el estado de Tennessee, Estados Unidos, donde este mecanismo ha contribuido a reducir los accidentes relacionados con conductores intoxicados.
Indicó que la iniciativa fue adaptada a la realidad panameña y respaldada con estadísticas nacionales sobre siniestros viales.
Los tribunales fijarían el monto de la pensión
La propuesta plantea que sean los tribunales civiles los encargados de establecer el monto de la pensión, utilizando los criterios que ya existen para este tipo de procesos.
Además, contempla que, si el responsable cumple una condena por homicidio culposo y no puede pagar de inmediato, dispondrá de un período de prórroga para cancelar las obligaciones acumuladas.
También aplicaría en casos de incapacidad permanente
El anteproyecto no solo abarca los casos de fallecimiento. Barboni explicó que también incluye a padres o madres que, producto de un accidente causado por un conductor ebrio o drogado, queden con una discapacidad permanente que les impida seguir sosteniendo económicamente a sus hijos.
En esos casos, la condición sería certificada por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).
La prueba de sangre sería el principal medio de comprobación
El diputado sostuvo que la prueba de sangre sería el mecanismo idóneo para confirmar la presencia y cantidad de alcohol o estupefacientes en el organismo del conductor, por ofrecer mayor precisión que el alcoholímetro.
El anteproyecto fue presentado la semana pasada ante el Pleno de la Asamblea Nacional y ahora deberá ser analizado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
