Fuente: ecotvpanama.com/Ricardo Grimas
El contralor afirmó que la gestión del rector es «la peor de muchos años» y criticó el «despilfarro de los dineros», señalando que el presupuesto anual de la UP supera los trescientos millones de dólares, ascendiendo a mil quinientos millones de dólares en cinco años, una cantidad comparable al presupuesto del municipio de Panamá.
A pesar de esta fortuna, cuestionó los logros y las novedades de la universidad, indicando que facultades importantes como Medicina y Arquitectura carecen de apoyo porque el dinero se usa para «este tipo de cosas», observando un «deterioro físico» en las instalaciones, con baños cayéndose, lo que considera injustificable dado el presupuesto.
Flores sostuvo que las universidades públicas en Panamá se convirtieron en «fincas llenas de clanes familiares», donde los puestos se «heredan» y hay derecho a nombrar a toda la familia, desestimando la explicación del rector de que los casos de familiares son profesores que se conocieron y casaron en la universidad, calificando su visión de «Alicia y las maravillas».
El contralor denunció que la universidad está siendo utilizada como «guarida de facinerosos» que usan la «famosa cerca de autonomía para agredir a la ciudadanía e infligir miedo y terror», insistiendo en que la autonomía universitaria debería ser una «muralla moral, de prestigio», y no una barrera física.
Además, criticó que el rector tenga una «gran cantidad de pseudoestudiantes» que sirven como sus «bases políticas» para la votación del próximo año, estimando que más de 30 mil de los 96 mil estudiantes en esa área están matriculados, tomando una sola materia por año, y «viviendo del subsidio de la comida, de las copiadoras y de los kioscos», sugiriendo incluso que él podría ser «parte de esos negocios».
Anel Flores reveló que el rector le solicitó una reunión para que auditara el centro regional urbanístico de San Miguelito, una construcción de 18 millones de dólares. Sin embargo, Flores descubrió que el equilibrio contractual de dicho proyecto fue firmado por el propio rector, calificando la petición como un acto «descarado».
Para finalizar, el contralor desmintió la afirmación del rector de no tener comunicación entre ambos, señalando que él tiene su número de teléfono y que su pedido público de reunión es un «show» y una forma de «hacerse la víctima».
