Frecuencia Informativa: Edición Vespertina, jueves 21 de Mayo de 2026.
21 mayo, 2026Frecuencia Informativa: Edición Matutina, viernes 22 de mayo de 2026.
22 mayo, 2026
El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, defendió las medidas cautelares y secuestros patrimoniales ejecutados contra exfuncionarios del pasado gobierno y aseguró que las acciones buscan impedir que fondos presuntamente públicos desaparezcan antes de que concluyan las investigaciones.
Las declaraciones surgen luego de las revelaciones publicadas por La Estrella de Panamá sobre expedientes que ya superan los $21 millones en bienes y fondos cautelados por la Contraloría General y el Tribunal de Cuentas.
“Hemos visto el enriquecimiento, obvio y notorio, de muchas personas que entraron al Gobierno con escasos recursos y salieron en unas condiciones que nadie puede entender cómo tienen tanta riqueza en tan poco tiempo”, afirmó Flores.
El contralor sostuvo que las medidas adoptadas forman parte de una estrategia preventiva para proteger recursos que, según dijo, podrían corresponder al patrimonio estatal.
“Lo estamos haciendo de forma preventiva porque creemos que son dineros públicos”, expresó.
Flores aseguró además que las cautelaciones buscan evitar movimientos financieros o patrimoniales mientras avanzan auditorías forenses y procesos de cuentas.
“Antes que esos dineros se fuguen, o se cambien de nombre, o se vayan a testaferros, o simplemente se esfumen en el aire, preferimos mantener la prudencia de cautelar esos bienes, esos dineros, para el bien del pueblo panameño”, manifestó.
Las declaraciones se producen en medio de una de las mayores ofensivas patrimoniales ejecutadas en los últimos años por los organismos fiscalizadores del Estado.
Las investigaciones alcanzan al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio Anselmo De Gracia Tejada; al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés; al exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Antonio Araúz Villarreal; a la exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia Yannick Del Río Fernández; y al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
Los expedientes incluyen secuestros preventivos sobre propiedades, cuentas bancarias, depósitos, vehículos, cajillas de seguridad, créditos contra el Estado y otros activos.
Los casos
El expediente de mayor impacto económico corresponde a Publio De Gracia. El Tribunal de Cuentas ordenó la cautelación de bienes hasta por $16.3 millones dentro de una investigación relacionada con supuestas irregularidades tributarias vinculadas con la empresa FCC Construcción S.A.
La resolución sostiene que existió una presunta afectación patrimonial derivada del “desconocimiento de las normas tributarias para el otorgamiento de excepciones fiscales”.
En el caso de Enrique Lau Cortés, exdirector de la CSS, la Contraloría ordenó el secuestro de bienes por $2.9 millones tras auditorías relacionadas con pérdidas de medicamentos e insumos médicos vencidos durante el período 2019-2024.
Las investigaciones señalan compras excesivas de insumos médico-quirúrgicos y movimientos de partidas “sin controles adecuados”.
Por su parte, Noriel Araúz Villarreal enfrenta medidas precautorias por más de $1.3 millones luego de auditorías patrimoniales que detectaron diferencias entre ingresos conocidos y movimientos financieros.
La Contraloría también cauteló bienes de Nadia Del Río Fernández por más de $576 mil, tras detectar supuestas inconsistencias entre recursos conocidos y gastos identificados durante las investigaciones patrimoniales.
A estos expedientes se suma el proceso contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, a quien la Contraloría ordenó secuestrar bienes y cuentas por más de $1.3 millones por un supuesto caso de enriquecimiento injustificado.
Las medidas incluyen cuentas bancarias, vehículos y propiedades registradas a su nombre.
También figura el caso del exalcalde de San Miguelito Héctor Valdés Carrasquilla, contra quien se ordenó el secuestro de bienes por más de $285 mil debido a presuntas irregularidades relacionadas con recaudaciones municipales.
