Fuente: / ensegundos.com.pa

Los cheques, que suman un total de $391,259 en salarios, corresponden a empleados asignados a 13 diputados y distribuidos en 45 ubicaciones distintas

La Contraloría General de la República (CGR) ha denunciado ante el Ministerio Público un total de 121 cheques de funcionarios de la Asamblea Nacional (AN), como resultado de una auditoría que detectó posibles pagos irregulares a personas comúnmente conocidas como “botellas”, de acuerdo a un informe del diario La Estrella.

Los cheques, que suman un total de $391,259 en salarios, corresponden a empleados asignados a 13 diputados y distribuidos en 45 ubicaciones distintas, entre oficinas legislativas y departamentos administrativos. Los salarios oscilan entre $600 y $5,000.

La mayoría de los diputados con personal señalado en esta denuncia pertenecen al Partido Revolucionario Democrático (PRD), aunque también figuran miembros de Realizando Metas, Molirena y el partido Alianza.

El diputado con más funcionarios implicados es Crispiano Adames (PRD), con 27 cheques retenidos, le siguen Marcos Castillero (PRD) con 10 cheques y Raúl Pineda (PRD) con cuatro, también aparecen Víctor Castillo (RM) con cuatro funcionarios señalados.

Entre los departamentos internos involucrados están la sección de Estudios Parlamentarios, Contratos, la Comisión de Gobierno, la bancada del PRD y Participación Ciudadana.

Tres cheques retenidos corresponden a personal de la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda (RM).

Figuran también nombres conocidos como Darinel Espino, vinculado al diputado Benicio Robinson (PRD), con un salario mensual de $5,500; el exdiputado Jerry Wilson, quien cobra $4,000 como parte de la Secretaría General; y Mónica Panay, pariente del exsecretario de la AN, Quibián Panay, asimismo, aparece Nubia Starnes de Icaza, esposa del exdiputado Aris de Icaza.

La denuncia se basa en el artículo 349 del Código Penal, que sanciona con hasta 300 días-multa o trabajo comunitario a los servidores públicos que cobren salarios sin cumplir funciones, sin justificación válida.

La auditoría de la CGR fue formalizada el pasado 26 de mayo mediante el abogado Irving Álvarez, tras un ingreso al Legislativo a finales de marzo.

Desde entonces, asesores legales de varios diputados han acudido al Ministerio Público para revisar el expediente y preparar defensas por grupos de funcionarios.

Las irregularidades no se limitan a este caso. Investigaciones previas de La Estrella han revelado una red estructurada de pagos a exdiputados, suplentes y funcionarios con sueldos elevados sin respaldo de funciones concretas.

Entre ellos, se encuentran pagos mensuales de hasta $5,000, planillas de transporte, y supuestos esquemas de “cashback”, donde no se ha demostrado el uso ni el fundamento legal de los fondos erogados.

El contralor Bolo Flores ya había adelantado que la institución había detectado unas 500 “botellas” dentro del órgano legislativo y que se presentarían más denuncias.

La planilla actual de la AN está compuesta por aproximadamente 4,000 funcionarios, generando un gasto mensual superior a los $7 millones.

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