Según el reporte oficial emitido por el Ministerio del Interior (MININT), los implicados no solo habrían violado las leyes locales de seguridad del Estado, sino que formarían parte de una operación logística estructurada y remunerada desde el exterior.

Los hechos que desencadenaron este operativo de seguridad se remontan a la madrugada del pasado sábado 28 de febrero.

De acuerdo con las investigaciones de la inteligencia cubana, el grupo de panameños fue detectado mientras presuntamente confeccionaba y colocaba letreros con contenido calificado por el gobierno como “subversivo”.

Estos mensajes, distribuidos en puntos estratégicos de La Habana, fueron interpretados por las autoridades como una afrenta directa al orden constitucional vigente en la isla, lo que activó de inmediato los protocolos de detención previstos para delitos contra la seguridad del Estado.

El Ministerio del Interior ha sido enfático al señalar que las conductas de los diez detenidos están estrictamente tipificadas en el artículo 124 del Código Penal cubano, el cual sanciona las acciones destinadas a alterar el orden institucional del país mediante la propaganda o la incitación a la violencia.

No obstante, lo que agrava la situación jurídica de los extranjeros son los hallazgos de las investigaciones preliminares, que apuntan a que los sujetos no actuaron por iniciativa propia o convicción ideológica, sino bajo una orientación externa diseñada para desestabilizar el entorno social antes de abandonar el territorio.

Según el informe del MININT, los ciudadanos panameños habrían ingresado a Cuba con el propósito específico de elaborar y colocar los mencionados mensajes.

El plan original, según la versión oficial, consistía en realizar los actos de propaganda y salir rápidamente de la isla para evitar ser capturados por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades cubanas sostienen que esta misión tenía un incentivo económico directo: al regresar a Panamá, cada uno de los implicados recibiría una suma de dinero que, conforme a sus primeras declaraciones tras la detención, oscila entre los mil y los mil 500 dólares por persona.

Desde el momento de su aprehensión, los diez implicados habrían reconocido su participación activa en los hechos, según la versión oficial difundida este lunes.

Este reconocimiento de culpabilidad inicial complica la estrategia de defensa legal y pone el foco en quiénes fueron los autores intelectuales o las organizaciones que financiaron el viaje y la posterior remuneración prometida.

El Gobierno cubano ha sugerido que este tipo de operaciones “mercenarias” buscan crear una percepción de inestabilidad interna utilizando a ciudadanos extranjeros para minimizar el rastro de los grupos opositores locales.

Actualmente, las autoridades de la isla mantienen a los panameños bajo custodia mientras las investigaciones continúan para esclarecer completamente el caso.

El objetivo principal de la fiscalía cubana ahora es determinar si existen responsabilidades adicionales, posibles cómplices dentro del país o si esta célula forma parte de una red de mayor alcance que haya operado de manera similar en el pasado reciente.

Fuente: laestrella.com.pa/Lourdes García Armuelles