La Defensoría del Pueblo de Panamá expresa su profunda preocupación ante la pérdida de casi dos semanas de clases a nivel nacional, lo cual vulnera el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, provocando consecuencias significativas en el aprendizaje, la equidad educativa y el bienestar de la niñez y adolescencia.

La Institución Nacional de Derechos Humanos reconoce el derecho a la protesta, sin embargo, recuerda que los derechos de la niñez y adolescencia son prioridad absoluta, no se puede sacrificar el futuro educativo de toda una generación; por ello, es imperante el retorno seguro a las aulas en todo el país.

En los últimos cinco (5) años, la niñez y adolescencia panameña ha enfrentado la interrupción de su derecho fundamental a recibir educación; de acuerdo con datos de la UNESCO, Panamá durante la pandemia, fue el país que más clases perdió con casi 211 días, alrededor de un mes en 2022 y aproximadamente 42 días en 2023.

Recordamos que, de acuerdo con UNICEF, las escuelas deben ser los últimos lugares en cerrar y los primeros en abrir, ya que son espacios seguros, protectores y fundamentales para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las escuelas ofrecen no solo educación, sino también apoyo psicosocial, alimentación y protección frente a múltiples riesgos que aumentan fuera del entorno escolar.