Todo comenzó con desayuno en el Lung Fung. De acuerdo con la demanda, el empresario estadounidense Richard Kiibler se mantenía en conversaciones con el representante de Bastimentos, Ashburn Stanley Dixon, para la compra de un terreno. La mañana del 19 de septiembre se reunieron y Kiibler le comunicó que no compraría el terreno, citando que luego de un análisis de debida diligencia había encontrado dos procesos de prescripción adquisitiva de dominio en tiempos distintos y con bases legales distintas sobre el mismo terreno.
“Señala Kiibler, que Ashburn Stanley Dixon Santos, le aceptó que los procesos eran fraudulentos y con falsedades, y que todo había sido ejecutado por Rigoberto Serrano. Admitió, además, que había ganado la prescripción de la finca pagándoles a los peritos y al tribunal”, detalla la demanda.
La prescripción adquisitiva es un figura jurídica en la que el poseedor de un terreno se convierte en su propietario. De acuerdo a la legislación panameña, para que surta efecto debe cumplir la condición de que la posesión ha de ser pública, pacifica e ininterrumpida por un periodo de 15 años o más. Después de cumplido este periodo de tiempo, toda persona capaz puede solicitarle a un juez el derecho de propiedad del terreno. Un juez determina entonces si lo otorga o no en base a las pruebas presentadas.
En este caso, el presunto negociado sería la obtención de prescripción de dominio, salpicando “comisiones” a los peritos e incluso la juez encargada de tomar la decisión.
Este terreno en cuestión es la finca 2748, que consta de 30 hectáreas y fue inscrita por primera vez en 1931. La finca pertenecía a Samuel Joseph, quien falleció. En enero de 2023, el juez Jorge Augusto Santamaría decretó la prescripción de dominio. Se presentó como prueba que un hombre llamado Adalberto Earlington había vivido ahí por más de 30 años, trabajando la tierra, construyendo su vivienda y haciendo mejoras. Earlington habría entonces vendido la finca a El Faro de Bastimentos, S.A., sociedad que hasta septiembre de 2025 era presidida por Enrique Livingston, según datos del Registro Público. Livingston es nombrado en la demanda como hermano del representante Dixon.
Kiibler contó su versión de los hechos a La Estrella de Panamá. “Me mostraron la finca y me dijeron que esta finca colindaba con la de nosotros. Estuvimos interesados en comprar, pero sabíamos quiénes eran nuestros colindantes y no era nadie con título, era terrenos nacionales. Lograron que una jueza, amante por casualidad del abogado Rigoberto Serrano, quien es jefe legal del consejo y también del alcalde, hiciera esa prescripción”, relató el empresario estadounidense. “Yo expliqué al representante que no pudimos comprarlo, que eso fue un acto de corrupción y conspiración. Falsificaron documentos para lograr que falsificaran escrituras públicas. Yo avisé a la directora del Registro Público hace unos meses que eso iba a pasar y por fin cuando tuvimos todas las pruebas, metimos una denuncia en contra de todas esas personas”.
El terreno, de acuerdo a documentación del Registro Público, tiene un valor de 240 mil dólares y mejoras valoradas en 185,700 dólares. Se desconoce el monto por el cual se habría ofrecido la venta a Kiibler y Grupo Farigue, S.A.
El 19 de marzo de 2026, se emitió un auto firmado por la jueza Guadalupe del Carmen González añadiendo las medidas y linderos de la finca.
Anati investiga
Una de las irregularidades detectadas tiene que ver con la ubicación de la finca. El administrador de la Anati compartió que se envió un informe preliminar reportando un “traslape” con otras tres fincas colindantes.
Los límites reportados son incluso distintos a los reales, ubicando a la finca en otra isla.
Pagés recalcó a La Decana que todas estas irregularidades ocurrieron durante administraciones anteriores. Además, reveló un dato que podría indicar un problema sistémico más grande que una demanda puntual. Se han presentado alrededor de 15 denuncias por situaciones similares en distintas fincas de Bocas del Toro. “Y van a venir más”, acotó. Al preguntarle sobre qué acciones se han tomado para evitar estas prácticas, respondió que elaborar el informe y luego presentar las denuncias correspondientes.
El administrador también recalcó que la decisión de ordenar la prescripción de dominio le corresponde al Órgano Judicial y no a la Anati. Sobre la vinculación de una funcionaria de la institución en la demanda, aseguró que ya no trabaja en el lugar.
La Decana realizó varias llamadas telefónicas a los señalados en la demanda para conocer su versión, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
