Fuente: / destinopanama.com.pa / Errol Caballero

Autoridades, expertos y abogados opinan sobre el affaire que permitió el traspaso irregular de millones de dólares a través de la manipulación de la plataforma E-tax 2.0. Denuncian falta de controles y de actualización

Como un escándalo “desgarrador y preocupante”, que evidencia el desfase de los procesos a lo interno de la Dirección General de Ingresos (DGI). En términos tajantes, el exbanquero Carlos Araúz se refirió al escándalo desatado tras la Operación Pandora, y que ha estremecido el mercado de créditos fiscales.

Aunque el consultor empresarial subraya la legalidad de estos instrumentos fiscales, que pueden generar oportunidades de negocios, reconoce la abrumante debilidad de instituciones como la DGI, que ha propiciado un “irrespeto mayúsculo a la ciudadanía”.

“Quizás este es el elemento que nos va a empujar a cambiar, a modificar, a una auténtica reforma del sistema para que tanto nuestros tributos, nuestras aportaciones al erario público se respeten y se cuiden”, manifestó el economista.

Para Araúz, el affaire expuesto dentro de la plataforma tributaria “E-tax 2.0”, que produjo una presunta lesión al Estado por más de $40 millones, deja una imagen de “país de caricaturas”, revelando debilidades institucionales que pueden atentar contra el grado de inversión.

Más allá de las 16 personas que han sido detenidas e imputadas recientemente por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, Araúz plantea que es necesario cuestionar a todos los actores involucrados, a quienes estén comprando estos créditos.

_{Un informe de auditoría del MEF del 2025 reveló la trazabilidad de los movimientos fiscales dentro del E-tax 2.0. Infografía generada por IA}

Además, afirma que es preciso indagar sobre la fiscalización que se ejerce desde las instituciones involucradas, dadas las “evidencias claras de una falta de control rampante, que nos asusta”.

En su opinión, el nivel de debida diligencia a implementar debe permitir que se establezcan la identidad de los “beneficiarios finales, las personas jurídicas involucradas, quiénes son los directores, dignatarios de estas empresas”.

Araúz recalcó que un escándalo de esta magnitud resulta “penoso” en un país en déficit, que “no ha logrado recaudar la meta fiscal de impuestos y de tributos en dos décadas”.

Es dinero que, señala, debe ser recaudado para poder garantizar que los panameños cuenten con “mejores hospitales, medicamentos y escuelas”.

¿Una debilidad histórica?

Las reacciones a la manipulación tributaria que generó millones de dólares en créditos fiscales que terminaron pasando por cuentas de “sociedades intermediarios” y del banco colombiano BAC provienen también de la esfera estatal.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, entidad que en octubre de 2025 auditó los movimientos fiscales a través de la plataforma de la DGI, indicó que se trata de un problema de vieja data que aqueja al sistema tributario.

“En este país, desde que yo tengo uso de memoria como profesional, ha habido tráfico de créditos fiscales”, manifestó durante un intercambio con periodistas.

Según el economista, a través de estos esquemas se ha afectado a bancos, aseguradoras y otro tipo de empresas.

Chapman indicó que el Gobierno trabajará para robustecer la “institucionalidad” que requiere el sistema financiero para su resguardo. Además, no descartó que a futuro se puedan implementar medidas legales para defender los intereses de los contribuyentes.

Otro que reaccionó ante el descalabro tributario fue el abogado Miguel Antonio Bernal. “Muchas interrogantes que circulan con relación al DGIGATE, deberán obligatoriamente ser respondidas por las autoridades correspondientes cuanto antes”, manifestó el coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales de Panamá (Sepresac).

Asimismo, la también abogada Karisma Karamañites preguntó, en un video difundido en “X”, si la entidad bancaria había concretado la devolución de los créditos fiscales que fueron traspasados de forma irregular.

En sus descargos, aparecidos en algunos medios de comunicación, BAC reconoció que «adquirió créditos fiscales que la DGI ya mostraba como válidos en su sistema», asegurando que «no manipuló» la plataforma E-tax 2.0 y «que actúo de buena fe».

Fuente: / destinopanama.com.pa / Errol Caballero