Fuente: laestrella.com.pa/Leiny Pérez
La muerte de dos estudiantes en la comarca Ngäbe Buglé en menos de siete días ha encendido nuevamente las alarmas sobre las condiciones en las que miles de niños y jóvenes acceden a la educación en zonas rurales e indígenas en Panamá.
El primer caso ocurrió el pasado 13 de abril, cuando un menor de 15 años, falleció ahogado tras ser arrastrado por la corriente de un río mientras regresaba a su casa.
El segundo se registró este domingo 19 de abril, cuando residentes de la comunidad de Guayacán encontraron el cuerpo de un estudiante de noveno grado del Centro Educativo Guayacán, quien había sido reportado como desaparecido luego de intentar cruzar el río Canoa.
De acuerdo con la información disponible, ambos cuerpos fueron hallados en el río Kricamola, una zona donde comunidades enteras dependen de cruces improvisados para movilizarse, incluyendo rutas escolares.
Tras los hechos, la organización Jóvenes Unidos por la Educación emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las familias y advirtió que estas muertes no son hechos aislados.
“Dos muertes. Una semana. La misma comarca. La misma causa evitable”, señaló el pronunciamiento.
Según la organización, junto con la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (FUDESPA), ya habían documentado estos riesgos en el informe Educación Mortal, donde se identifican comunidades, escuelas y rutas en las que estudiantes deben cruzar ríos sin infraestructura segura.
El informe incluye zonas expuestas al sistema hídrico del río Kricamola y sus afluentes, el mismo donde ocurrieron ambas tragedias.
“Esta tragedia era predecible y prevenible”, indicaron, al cuestionar la falta de respuesta oportuna por parte del Estado pese a las advertencias previas.
De acuerdo con el comunicado, durante más de dos décadas se han registrado muertes de estudiantes y docentes en circunstancias similares, lo que, a juicio de la organización, evidencia una “omisión sistemática” frente a un problema conocido.
Aunque reconocen que existe un programa aprobado para la construcción de 100 zarzos (puentes colgantes), insistieron en que estos deben ejecutarse con urgencia en los puntos de mayor riesgo, particularmente en los cruces del río Kricamola.
La organización también exigió una respuesta inmediata a las comunidades afectadas, la construcción de infraestructura segura en rutas escolares, la implementación de sistemas de alerta temprana en zonas vulnerables y rendición de cuentas sobre la falta de acciones preventivas.
Las muertes recientes reavivan el debate sobre la desigualdad en el acceso a la educación en Panamá, donde en algunas regiones asistir a clases implica atravesar condiciones que ponen en riesgo la vida.
“Ningún estudiante Ngäbe-Buglé debería elegir entre educarse o vivir”, concluye el comunicado.
Fuente: laestrella.com.pa/Leiny Pérez
