Fuente: laestrella.com.pa/Adriana Berna

La organización Fudespa (Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá) presentó este miércoles en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional los resultados de su investigación “Educación Mortal: Crisis sistemática”, un estudio que documenta una realidad alarmante: la muerte de decenas de niños y niñas en la Comarca Ngäbe-Buglé al intentar cruzar ríos para asistir a clases.

Según el informe, entre 55 y 70 personas han perdido la vida por ahogamiento en las últimas dos décadas y media, una cifra que revela una crisis humanitaria silenciosa y persistente.

La mayoría de las víctimas son menores de edad, estudiantes de escuelas rurales que deben arriesgar su vida a diario para acceder a su derecho a la educación.

El estudio identifica al río Cricamola, en el distrito de Kankintú, como el punto más crítico de esta emergencia. Solo en la comunidad de Mayo, Fudespa documentó la muerte de nueve niños y niñas arrastrados por la corriente en los últimos años.

Aunque las estadísticas históricas reflejan un promedio de entre dos y tres muertes anuales, el subregistro es considerable debido a factores como aislamiento geográfico, ausencia de sistemas formales de reporte y barreras culturales, entre otros.

El informe revela que solo en junio de 2024 se reportaron cuatro fallecimientos de menores, todos en trayecto hacia sus centros educativos. Este pico de muertes representa una escalada sin precedentes y evidencia que la situación está lejos de mejorar.

Del total de casos analizados, el 60% corresponde a niños y niñas de entre 5 y 12 años, principalmente estudiantes de primaria. El estudio también documenta muertes de adolescentes de hasta 17 años que debían recorrer largas distancias entre comunidades dispersas.

La investigación destaca que estas víctimas no solo mueren en el trayecto escolar, sino en un contexto de exclusión multidimensional: pobreza extrema, aislamiento geográfico y falta de servicios públicos básicos.

La investigación plantea una reflexión profunda: la situación representa un conflicto directo entre el derecho a la educación y el derecho a la vida.

El informe sostiene que el Estado tiene la obligación de garantizar ambos derechos simultáneamente, asegurando condiciones seguras para el acceso escolar.

Fudespa estima que la solución integral para esta crisis requeriría una inversión de entre $42 y $63 millones, destinada principalmente a la construcción de puentes seguros, mantenimiento de caminos rurales y mejora del transporte escolar en zonas de difícil acceso.

El estudio plantea además la necesidad de un plan nacional interinstitucional que involucre a los ministerios de Obras Públicas, Educación, Desarrollo Social y Gobierno, junto con las autoridades comarcales y las propias comunidades.

Fuente: laestrella.com.pa/Adriana Berna