Fuente: / Errol Caballero

La oenegé advierte que libertades fundamentales, como la de expresión y el derecho al hábeas corpus, están resguardadas por normativas locales e internacionales

Aunque, de acuerdo con su análisis, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana asegura que la declaratoria de urgencia en Bocas del Toro, implementado mediante el decreto de Gabinete número 27 del 20 de junio, es constitucional, advierte que la medida no representa un “cheque en blanco”.

La oenegé indica que si bien lo que se buscaba era “contener el conflicto social en la región”, durante la emergencia deben prevalecer “garantías indispensables” como el hábeas corpus y la inviolabilidad de la correspondencia.

Asimismo, el capítulo panameño de Transparencia Internacional señala que el decreto no “autoriza intercepciones masivas ni, mucho menos, el bloqueo generalizado de internet o telefonía móvil”. “Además, deben mantenerse en todo momento las libertades de expresión y de prensa, protegidas por los artículos 37 y 38 de la Constitución, así como los tratados internacionales suscritos por Panamá”, indica la organización en un comunicado difundido hoy.

La organización puntualiza que “declarar un estado de urgencia para restablecer el orden es legítimo si se usa dentro de las formas y límites del artículo 55”, pero que dicha medida no autoriza la supresión de “garantías esenciales como el hábeas corpus, la supervisión judicial o la privacidad de las comunicaciones, ni cortar la conectividad de toda la población, pero sobre todo la información veraz y objetiva”.

Según lo planteado por la Fundación Libertad Ciudadana, el rol de las fuerzas del orden público debe limitarse a actuaciones que no pongan en peligro a la ciudadanía, sin justificar “abusos de ningún tipo”.

Fuente: / Errol Caballero