Fuente: / destinopanama.com.pa / Errol Caballero

Que se avance en la discusión de los 17 anteproyectos y 7 proyectos relacionados con la lucha anticorrupción, que se encuentran estancadas en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Esto es parte de lo que demanda la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en su comunicado dominical.

“Resulta alentador que diputados de distintas corrientes políticas están promoviendo estas propuestas. Sin embargo, preocupa que una minoría se haya convertido en un obstáculo para avanzar en esta causa, que debería unirnos como país”, indicó el gremio privado.

CCIAP advirtió que la corrupción penetró “profundamente en nuestra vida pública, con un impacto directo sobre la educación, la salud y la infraestructura pública”, al tiempo que mina la «confianza, frena la inversión local y extranjera, impide la creación de empleos y resquebraja las oportunidades de desarrollo”.

“La corrupción nos ha hecho mucho daño: roba recursos, desmotiva el esfuerzo honesto y erosiona la esperanza colectiva. Pero somos más los que creemos en la integridad, en el trabajo honesto y en un país que crezca sobre bases justas y transparentes”, señala el comunicado, firmado por el presidente de la CCIAP, Juan Alberto Arias.

Según el gremio empresarial, entre los años 2018 y 2024, el Ministerio Público atendió 8,197 denuncias, de las cuales el 92% están vinculadas a casos de corrupción. Son cifras que permiten “dimensionar la magnitud del problema”.

Por su parte, Giula De Santics, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) urgió a los diputados a debatir el proyecto de Ley 291, mejor conocido como Ley General Anticorrupción, presentado por el Procurador Luis Carlos Gómez en julio.

«Durante años, la debilidad procesal y la falta de herramientas efectivas han permitido que los casos de alto perfil de corrupción se pierdan entre auditorías inconclusas o prescripciones anticipadas. El resultado ha sido una sensación generalizada de impunidad que debilita las instituciones y desalienta la inversión», enfatizó Apede en su página web.

La gobernanza se ha convertido en el nuevo cimiento del crecimiento económico. Ya no basta con tener finanzas ordenadas: los países que cuentan con instituciones sólidas y transparentes logran crecer más, atraer inversiones y generar empleo de forma sostenida».

De Santics subrayó la importancia de analizar el proyecto y de practicar las enmiendas que sean necesarias, para que así esta iniciativa legislativa no quede sepultada. «Panamá necesita, en la esfera penal, un nuevo marco jurídico que cierre los espacios de discrecionalidad que tanto daño hacen a la economía y a la reputación del país».

Cero ‘botellas’

El camino hacia una institucionalidad más robusta y transparente pasa, además, por también por la depuración de cargos o nombramientos realizados a cambio de favores o apoyo político, conocidos popularmente como “botellas”.

En este sentido, recientemente la Fundación Libertad Ciudadana presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 429 de 18 de abril de 2024. Según el capítulo panameño de Transparencia Internacional, esta normativa “blinda nombramientos políticos en la Asamblea Nacional” al eliminar el Consejo de la Carrera del Servicio Legislativo, lo que abre la puerta al “ingreso automático ‘sin necesidad de concurso” a funcionarios con dos años de antigüedad.

“La demanda sostiene que esta norma, aprobada dos semanas antes de las elecciones generales de 2024, asegura la estabilidad de personal nombrado por la gestión saliente, sin evaluación objetiva de competencia ni transparencia, perpetuando la discrecionalidad y el clientelismo político dentro del Legislativo”, precisa un comunicado de la Fundación Libertad Ciudadana.

El predominio del “clientelismo en las planillas y contratos legislativos” es, de acuerdo con la oenegé, uno de los males que aquejan a la Asamblea Nacional. Esto, aunado a otros factores, como la “ausencia de concursos públicos, la falta de publicación de gastos, la inexistencia de auditorías y el predominio del clientelismo en las planillas y contratos legislativos”, condujo a que el parlamento canalero obtuviera la calificación más baja en el ranking del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa en el 2023, con 9.8 puntos sobre 100.

En el comunicado, difundido el viernes, la Fundación Libertad Ciudadana se hizo eco del llamado de la ciudadanía, que “demanda el fin de las planillas abusivas, los contratos secretos y los nombramientos sin concurso, así como el uso político de los fondos públicos”. “Solo una Asamblea transparente, profesional y sometida al sistema de mérito puede fortalecer la democracia y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones”, apunta.

Fuente: / destinopanama.com.pa / Errol Caballero