El exrepresentante del corregimiento de Ponuga y cuatro tesoreros de juntas comunales de la provincia de Veraguas fueron imputados por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado. A los procesados se les aplicó la medida cautelar de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes.
En el caso del exrepresentante, la Fiscalía sumó un segundo cargo relacionado con la presunta extracción de documentos públicos. Sin embargo, su abogado defensor, Roger Lau Alba, sostuvo que el informe de auditoría utilizado por el Ministerio Público para estructurar la investigación no acredita los delitos imputados. El jurista aseguró que no existió una apropiación indebida de bienes del Estado ni de la comunidad de Ponuga.
De acuerdo con la defensa, el exfuncionario administró aproximadamente dos millones de dólares durante sus últimos tres periodos constitucionales (15 años) y negó que se emitieran cheques a título personal, señalando que estos se giraron a terceras personas.
Para el próximo 23 de julio se tiene programada la audiencia ante el Tribunal de Apelaciones.
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