El activista señaló que Panamá no puede mantener discursos distintos entre su política exterior y la realidad interna en materia de derechos humanos, especialmente cuando busca fortalecer vínculos con organismos y bloques internacionales como Mercosur y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Según indicó, muchos de los países que integran estos espacios han avanzado no solo en desarrollo económico, sino también en inclusión social y reconocimiento de derechos para las minorías.
Chanis destacó que el debate sobre el matrimonio igualitario no debe verse únicamente desde una perspectiva filosófica o política, sino desde las consecuencias concretas que la falta de reconocimiento genera en la vida cotidiana de las personas LGBTQ+.
El representante de Fundación Iguales recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la Opinión Consultiva 24/17 la obligación de los Estados miembros del sistema interamericano de garantizar mecanismos para el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo y proteger derechos fundamentales de las personas trans.
“La discusión de fondo es si los Estados deben garantizar derechos y dignidad únicamente a las mayorías o también a las minorías”, manifestó.
Además, sostuvo que el cumplimiento de los derechos humanos ya está definido en el marco internacional y que lo que corresponde ahora es determinar las vías para que los Estados alcancen una aplicación efectiva de esos estándares.
Chanis resaltó que las personas LGBTQ+ forman parte activa de todos los sectores de la sociedad panameña, incluyendo familias, empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales.
“Somos ciudadanos y ciudadanas que, como cualquier otra persona, trabajamos cada día para sostener a nuestras familias, aportar al país y construir una mejor sociedad”, afirmó.
También subrayó que los derechos humanos de la población LGBTQ+ no afectan las garantías de otros sectores, sino que amplían los principios de igualdad y dignidad dentro de la sociedad.
Según explicó, el matrimonio entre personas del mismo sexo corresponde a una institución civil y no religiosa, por lo que consideró importante evitar que este debate se convierta en un obstáculo para la convivencia y el diálogo nacional.
Chanis indicó que el reconocimiento del matrimonio igualitario en Panamá podría concretarse mediante reformas constitucionales o políticas públicas, aunque enfatizó que cualquier decisión estatal debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos.
El activista hizo referencia al principio de convencionalidad, concepto jurídico que obliga a los Estados a revisar leyes y políticas públicas para garantizar que no contradigan principios universales como el derecho a la no discriminación.
“Panamá es un Estado soberano y tiene plena facultad para legislar, pero toda nueva ley o decisión estatal debe revisarse para garantizar que no contradiga los principios universales de derechos humanos”, explicó.
Finalmente, Chanis hizo un llamado al Estado panameño para que exista coherencia entre el respaldo que brinda al sistema interamericano de derechos humanos y la implementación interna de esos estándares.
Aseguró que Panamá no puede proyectar una defensa selectiva de los derechos humanos, apoyando ciertos temas mientras mantiene rezagos en otros relacionados con minorías y grupos vulnerables.
“El país debe transmitir un mensaje claro y consistente sobre su compromiso con los derechos humanos y avanzar en el cumplimiento de las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana”, concluyó.
Fuente: / www.ecotvpanama.com / Vivian Jaén