Presunto robo al IMA termina con tres aprehendidos y arroz recuperado.
9 octubre, 2026
La red criminal dedicada a inscribir títulos falsos y vender plazas vacantes en el Ministerio de Educación operaba a escala nacional. La estructura estaba interconectada y organizada para facilitar préstamos a los interesados a través de una financiera. Según los testimonios recabados en esta investigación, los principales beneficiarios de los cobros por los nombramientos eran figuras políticas.
Desde que la institución inició el proceso de verificación de títulos a inicios de 2026, ha identificado a “50 administrativos involucrados en la trama de diplomas falsos”, según confirmó la asesora legal de la entidad, Nilka González, a esta investigación.
Los funcionarios en cuestión estaban en prácticamente todas las regiones escolares: Darién, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste, Herrera y Panamá Centro. En cada una de estas sedes, existía personal administrativo de las coordinaciones de recursos humanos que ingresaba información apócrifa en el sistema.
“Las diferentes sedes se comunicaban entre sí”, reveló la asesora legal, un dato que perfila la dimensión de la organización. Así lo confirman las pesquisas del Meduca, al detectar mensajes entre administrativos a nivel nacional para ingresar al sistema de Registro Permanente de Elegibles la actualización de diplomas. Las inscripciones en el sistema no necesariamente respondían a la región donde laboraría la persona. Por ejemplo, la regional de Veraguas podría enviar los datos a su par de Darién y ese administrativo los ingresaba al sistema. Hasta ahora, la institución desconoce qué motivaba a los funcionarios a realizar esta acción.
Los beneficiados de
Este tipo de prácticas proliferó por varias razones. “El Estado miró hacia otro lado por muchos años”, como manifestó la exministra Lucy Molinar. A eso se sumó la distancia: en las regiones más apartadas, donde la presencia del Estado es poca o nula, se registraron más casos, según la asesora legal: Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, las provincias de Darién y Chiriquí.
Todo tenía un precio. Las investigaciones del Meduca revelan pagos por vacantes por montos que van desde 1000 hasta 13 mil dólares. Para facilitar la entrega, las personas adquirían préstamos en financieras: “expedían préstamos entre $30 mil y $40 mil dólares”, narró la licenciada González. Las financieras entregaban en mano a los futuros docentes alrededor de $10 mil o $15 mil, para que pagaran la plaza y les retenían el resto, a pesar de que la persona no había sido nombrada. Para asegurar el retorno, contaban con los formularios de descuento ya firmados por el interesado para ser aplicados cuando ingresaran a la planilla del Estado. Así obtenía un trabajo con un sueldo de hasta $2,500 mensuales, según fuera maestro de grado o profesor.
La institución ha denunciado 701 expedientes ante el Ministerio Público, pero los casos se cuentan por miles, lo que ha saturado al equipo legal de la entidad. “De cada 1000 expedientes que enviamos a las universidades (para verificación), yo puedo tener 990 que me digan que no han cursado estudios”, dijo González. La cifra de González se refiere a los expedientes que el Meduca ya consideraba sospechosos en todas las universidades.
Un sondeo de esta investigación
estas plazas de trabajo no necesariamente eran docentes, sino desempleados que para ser nombrados debían cumplir con los requisitos establecidos en la legislación. Es ahí donde los funcionarios del Meduca se convertían en piezas clave para ‘legalizar’ su ingreso: ofrecían diplomas (en físico, pero falsos) o alteraban el sistema para ingresar los títulos y ser elegibles.
Ingresos millonarios
Los números dan una idea de la cantidad de dinero que manejaba esta red, al menos desde 2021 —fecha mencionada por la fiscalía durante la audiencia de garantías celebrada el 27 de agosto— hasta hace unos meses. Si suponemos que a cada persona le cobraban un promedio de $5 mil por vacante o por inscribir en el sistema un currículum falso para cumplir con los requisitos, y el Meduca ya ha detectado más de 2,500 casos sospechosos, el jefe de esta red ha tenido ingresos millonarios ($12.5 millones) según estimaciones de esta investigación.
Los relatos de dos fuentes que hablaron por separado para esta investigación —que solicitaron no ser identificadas por temor a represalias— apuntan a que detrás de toda la trama habría “políticos poderosos”.
Una de ellas, decepcionada por la continuidad de la corrupción en la institución, lo resume así: “Es algo que no se va a terminar porque para poder acabarlo hay que tocar muchas ronchas y una de esas ronchas más grandes está dentro de la Asamblea (Nacional), porque ha sido y es parte de ella”. La investigación continúa tratando de establecer si esas referencias tienen algún vínculo comprobable con los documentos cuestionados.
“Eso es una mafia —añade— que no la va a poder parar nadie, porque estamos hablando desde altos mandos hacia abajo”.
con siete universidades ofrece otra medida: de las 834 consultas del Meduca que esas casas de estudio habían respondido hasta finales de septiembre, 177 —una de cada cinco— no tenían respaldo en sus archivos. Dos de ellas, la Universidad Tecnológica (UTP) y la Universidad Marítima Internacional, no habían recibido ninguna consulta. Al contrastar la diferencia entre ambas cifras, la asesora legal no tuvo una explicación.
Vacantes, cursos y cobros
Una de las dos fuentes, con conocimiento del sistema, describió la red de cobros que tiene años operando en Chiriquí. Es una modalidad muy parecida a la descrita por la fiscalía durante la audiencia de garantías celebrada el 27 de agosto, en la que se imputó a 25 personas por distintos presuntos delitos: falsedad de documentos, blanqueo de capitales y crimen organizado. El relato de la fuente también coincide con el modus operandi que narró la asesora legal del Meduca.
Esta persona explicó que funcionarios de las regionales venden las vacantes, temporales o permanentes, hasta en $5 mil. El ingrediente adicional es un curso de lengua indígena como requisito de prelación para aspirar a la vacante. “Un curso por el cual llegaron a pagar $3,000”, afirma. Las clases eran esporádicas, según contó. Las lecciones se limitaban a los saludos básicos, con la expectativa de que eso garantizaba el puesto. “A veces ni siquiera es un docente, sino un desempleado”, asegura. A diferencia de la red revelada durante la audiencia de garantías, que por la descripción de la fiscalía no aparenta mayores ramificaciones a nivel superior, en este caso, la fuente asegura que existe un padrinazgo político muy claro. Si el aspirante opta por una plaza de trabajo, “paga desde mil hasta $2,500; todo depende del lugar donde vaya a laborar: entre más cerca, hay que pagar más, pero igual cobran”, describe al ilustrar la mecánica de la corrupción.
La oferta de títulos es una de las razones por las que en la provincia de Chiriquí el puntaje de los docentes es “monstruoso”, como lo califica. “Compran dos o tres cursos diferentes” para llenar el currículum; todo depende de la profundidad del bolsillo.
Se venden en un centro de estudios de esa provincia: “por mucho tiempo ha tenido un negociado con la sede regional del ministerio en Chiriquí, usted compra diplomas y le dan 22 puntos, 15 puntos…”, explica la fuente que conoce el modus operandi de la organización.
Sus declaraciones no están alejadas de los señalamientos de la exministra de la cartera Lucy Molinar. En entrevista aseveró que los grupos de poder son los que presionan y amenazan a institutos para que “no se sepa la verdad”.
“No quieren que se sepa quién está involucrado”, añadió Molinar. “Hay universidades e institutos que han venido recibiendo amenazas de grupos que tradicionalmente han tenido mucho poder y que han sido parte de estas mafias”, denunció la exministra Molinar en esta investigación.
El papel no alcanza
Sellos copiados, verificaciones débiles y un sistema de nombramientos bajo presión.
Panamá diseñó medidas para que un diploma fuera difícil de falsificar, pero no construyó un mecanismo igual de sólido para comprobar que el diploma fuera auténtico. Esa debilidad se trasladó al sistema de nombramientos docentes. El Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL) intenta ordenar el concurso, pero no resuelve por sí solo la autenticidad de las credenciales ni otras posibles interferencias. Y ahora aparecen dos posibles salidas: digitalizar la verificación y revisar también las competencias de quien aspira a enseñar.
Los diplomas de las universidades privadas panameñas deben llevar papel de seguridad, marcas de agua y sellos secos, según un comunicado de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA), que cita el Texto Único del Decreto Ejecutivo 539.
Pero el papel no ha sido una barrera: el título de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) que funcionarios del Meduca compraron en 2022, en una operación controlada, traía “sellos idénticos a los que emitía la universidad”, recordó uno de ellos.
Y a la hora de comprobar un título, la seguridad se reduce. Según la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (Umecit), los títulos de las universidades privadas se validan comparando una copia con el original, sin consultar directamente a la universidad que lo emitió. Mucha seguridad en el papel; poca en la verificación.
El eslabón débil está en la verificación
¿Por qué sigue siendo así?
Según Umecit, la explicación está en la ley: el Texto Único del Decreto Ejecutivo 539 exige a las universidades particulares elaborar los títulos en papel que garantice su seguridad. Es decir, la ley obliga a las privadas al papel. En cambio, la Universidad de Panamá emite diplomas electrónicos desde el 2023.
El Meduca recibe la documentación en físico, pero “no la validan con la entidad que la emitió” al momento del ingreso, señala la secretaría general de la Umecit. Así, las privadas quedan atadas al papel y el Meduca, sin un sistema nacional.
La exministra Lucy Molinar dijo para esta investigación el pasado 29 de septiembre que esa base de datos centralizada, a cargo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), estaría lista en las próximas semanas, sin precisar la fecha.
Las universidades privadas aglutinadas en la AUPPA, que presentan el papel como una garantía legal, “están listas para transparentar la documentación de forma digital”, asegura Britania Montenegro, secretaria general de la Umecit. Esto facilitaría la verificación de su autenticidad. La idea es agilizar, “incluso para las contrataciones laborales, no solo para las áreas públicas, sino también para las particulares”, añade Montenegro.
Un sistema para nombrar, no para autenticar
Desde que se creó el Registro Permanente de Elegibles, en 2005, la detección de los primeros casos de documentos sin sustento hasta la fecha ha seguido dependiendo de que alguien dudara de un título para que se le preguntara, uno por uno, a la universidad que supuestamente lo emitió.
Hasta 2012, los nombramientos pasaban por cinco comisiones de personal docente, integradas por representantes de maestros, profesores, el Ejecutivo y los padres de familia. Ese año, el Decreto Ejecutivo 145 creó el Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL), que la entonces ministra Lucy Molinar puso en práctica y que dejó sin efecto a esas comisiones. En 2015, la ministra Marcela Paredes y los gremios acordaron mantener PROVEL y restaurar las comisiones. En octubre de 2025, el Decreto 56 derogó el Decreto 203 de 1996 y el Meduca relanzó PROVEL, que según la institución llevaba más de diez años inhabilitado para nombramientos.
Las críticas al modelo anterior se repiten: largas filas y la mediación de intermediarios y, según el propio Decreto 56, recomendaciones por intereses particulares e influencias gremiales durante los últimos diez años. PROVEL tampoco está libre de problemas. Ya en 2013, el Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei) advertía que la red del Meduca se congestionaba y que no todos los docentes tenían Internet, sobre todo en zonas de difícil acceso o comarcales. Hoy, los aspirantes tienen dos días para postular a cada vacante y sus documentos no pueden pasar de 600 KB, y para Darién y Guna Yala la Dirección Regional de Panamá Centro evalúa los méritos.
A inicios de la investigación interna, el Meduca informó que detectó en su plataforma unas 50 presuntas irregularidades, entre ellas diplomas falsos, venta de posiciones inexistentes y comercialización de vacantes.
Mientras el nombramiento por puntaje siga vigente, con matices, como admite la exministra Lucy Molinar, seguirá habiendo un incentivo para presentar títulos aunque no existan. El exministro Miguel Ángel Cañizales atribuyó el fraude de su época a ese mismo mecanismo: “la gente empezó a hacer trampa y fraude” porque un certificado podía dar un puntaje alto. Si la detección llega después, uno por uno, la protección real tendría que estar a la entrada, en el momento en que el aspirante inscribe sus documentos. Pero a esa puerta no llegan todos en las mismas condiciones.
Los educadores que laboran en áreas de difícil acceso “tienen que bajar de las montañas” para inscribir sus títulos en el sistema, por falta de señal, asevera el dirigente magisterial de Frenei. También se queja de la excesiva centralización del sistema y la falta de capacidad que tienen las sedes regionales: “Tengo mis aprehensiones con el programa Provel, porque los docentes que están en las comarcas tienen que bajar a las regionales, por falta de señal, para concursar y aspirar a una vacante”, asegura el profesor. Para evitar el ingreso al sistema de personas no capacitadas, “el primer filtro siempre es el Meduca”, asegura.
“La no influencia política en el ministerio quedará clara con señalamiento expreso del Ejecutivo y del Legislativo y aplicando la ley. Esto fue posible al menos en la primera gestión de la ministra Molinar”, recuerda Mariana Archibold, doctora en educación, titular de la Cátedra de Ingeniería Humana y Supervisión, retirada de la UTP. La injerencia del poder económico es más difícil, pero igual dependerá del perfil y de la «cola» del presidente y del ministro de educación, abona Archibold.
No es una sospecha nueva: en 2018, dirigentes magisteriales advirtieron de injerencia política y lograron que el Meduca pospusiera un concurso. Y entre 2023 y 2024, el propio Meduca denunció una red de tráfico de influencias en la que, según las investigaciones, participaban miembros de comisiones regionales de selección de personal docente.
Pero queda una pregunta que hasta ahora no ha sido respondida: ¿Cómo se mide el impacto, si lo hubo, en los estudiantes de docentes cuyos títulos hoy están bajo investigación? ¿El Ministerio de Educación ha identificado a qué escuelas, grupos y generaciones enseñaron los docentes investigados y ha comparado sus resultados académicos antes, durante y después de su permanencia en el aula?
Del documento a la persona
Durante años, el sistema ha confiado en el papel y en los sellos, y por eso ha sido fácil de copiar. La propuesta de la profesora Archibold va en sentido contrario: que sólo sumen puntos los títulos de instituciones que puedan comprobarlos públicamente; que una comisión verifique los documentos y las competencias de los finalistas, y que estas se comprueben en persona; quien no pueda asistir, pierde la oportunidad, sugiere la catedrática. Aunque admite que este proceso es más largo, también es más seguro.
Archibold tiene la convicción de que la salida no es abandonar el puntaje, sino blindarlo: “Preguntar al aspirante en qué región no desea trabajar y penalizar, es decir, no considerarlo en un futuro determinado si renuncia o no asiste siendo seleccionado en zonas donde sí trabajaría”. Otro método es comprobar las actitudes. “Como es un país pequeño, es relativamente fácil eliminar a los que tienen conflicto de interés”, manifiesta la especialista.
Si la plataforma de la AIG llega, resolverá una parte, la del documento. Lo que Archibold apunta es otra cosa: “ver el compromiso, las ganas y las prioridades”.
