Fuente: / Errol Caballero

Los abogados advierten que el traslado de aprehendidos a otra provincia podría encubrir vicios de origen en las detenciones practicadas bajo condiciones de excepción

Frente a la situación que impera en la provincia de Bocas del Toro, que desde la semana pasada ha escalado en una severa crisis de seguridad, donde la Fuerza Pública se enfrenta abiertamente a grupos criminales, el Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) cuestionó la forma como el Gobierno ha intentado restablecer el orden público, con medidas que afectan al Estado de derecho.

Si bien los juristas condenan “enérgicamente los actos vandálicos y de violencia” advierten que el retorno a la paz no “puede realizarse a costa de los derechos fundamentales ni mediante el quebrantamiento del orden constitucional”.

“La declaración de un estado de urgencia, así como la suspensión de servicios de internet, telefonía y garantías judiciales, deben observar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y control judicial”.

En un comunicado firmado por Raúl Rodríguez Araúz, el gremio abogadil expresó su consternación por “el traslado de personas imputadas desde una provincia donde se encuentran suspendidas las garantías constitucionales hacia jurisdicciones donde estas permanecen vigentes, con el propósito de dar curso a los procesos penales”.

“Tal práctica plantea serias dudas sobre la protección del debido proceso y el acceso real a una defensa efectiva. Aunque el traslado podría interpretarse como un intento de recomposición procesal, también puede encubrir vicios de origen en las detenciones practicadas bajo condiciones de excepción y afectar el principio del juez natural garantizado en el artículo 32 de la Constitución”.

Es una panorama que se complica por la “suspensión de servicios de comunicación, así como la restricción al derecho de defensa y de asistencia legal desde el momento de la aprehensión”.

De acuerdo con los juristas, esto viola derechos consagrados en los artículos 22, 23, 32, 43 y 44 de la Constitución Nacional, así otros contemplados en “instrumentos internacionales de jerarquía constitucional”, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Frente al uso de “situaciones de emergencia como excusa para debilitar el marco constitucional”, el MAG insta al Gobierno a “restaurar lo más pronto posible el diálogo social, cesar prácticas incompatibles con los derechos humanos y garantizar el retorno inmediato al cauce institucional”.

Asimismo, hace un llamado al Órgano Judicial y al resto de las instituciones públicas a “ejercer sus funciones con independencia, rigor constitucional y absoluto apego a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Casi doscientas personas han sido aprehendidas durante la Operación Omega, que se viene realizando desde hace aproximadamente 10 días en la provincia de Bocas del Toro. Los detenidos han sido transportados en aviones de Air Panamá a Chiriquí, donde se han presentado recursos de hábeas corpus que fueron desestimados por la fiscal superior de la provincia, al indicar que no había ordenado la detención de nadie.

De acuerdo con información del Ministerio Público, cerca de 83 aprehendidos están pendientes de judicialización.

Fuente: / Errol Caballero