La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron este miércoles 8 de julio la operación Pandora, que permitió la aprehensión de 16 personas, entre ellas nueve funcionarios públicos, un exfuncionario y seis particulares, por su presunta vinculación con una red dedicada al fraude fiscal y otros delitos contra la administración pública.
Las capturas se realizaron mediante más de 25 allanamientos simultáneos ejecutados en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.
De acuerdo con las investigaciones, que iniciaron en 2025, la presunta organización criminal estaba integrada por funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares que habrían realizado cesiones ilegales de créditos fiscales, ocasionando una lesión patrimonial estimada en 40 millones de dólares.
Las autoridades indicaron que los investigados enfrentan señalamientos por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y falsedad.
Manipulación del sistema E-Tax
Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) determinaron que la red presuntamente manipulaba el sistema E-Tax 2.0, reasignando trámites de forma irregular para agilizar operaciones relacionadas con los créditos fiscales.
Según las autoridades, estas maniobras permitían facilitar las transacciones presuntamente fraudulentas en perjuicio del Estado.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, en coordinación con la División de Blanqueo de Capitales de la DIJ.
“En función del principio de presunción de inocencia, del debido proceso y además por ley, no puedo brindar información sobre este caso porque ya se encuentra en la esfera de la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada y mantiene reserva”, manifestó.
Las autoridades explicaron que la operación Pandora forma parte de una serie de acciones dirigidas a combatir redes delictivas vinculadas con delitos económicos y contra la administración pública.
Asimismo, señalaron que la investigación continúa y no descartan nuevas diligencias o aprehensiones conforme avance el proceso penal.
De acuerdo con información suministrada durante el operativo, la presunta organización habría eliminado cuentas millonarias de contribuyentes mediante mecanismos irregulares, ocasionando un perjuicio económico al Estado panameño estimado en 40 millones de dólares.
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