Fuente: / Juan Alberto Cajar B.

Este lunes, en conferencia de prensa, distintas organizaciones populares agremiadas en la Alianza Pueblo Unidos por la Vida, denunciaron lo que consideran son retrocesos en la institucional democrática del país, particularmente en materia de derechos humanos y libertad sindical.

“El Suntracs (Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción) enfrenta uno de los ataques más violentos y directos de toda su historia, la persecución judicial de sus dirigentes encarcelados, exiliados, con prisión domiciliara y con más de 120 procesos judiciales (…) la liquidación de la cooperativa y las demandas disolución de los sindicatos, son claras acciones de persecución sindical (…) más de siete mil trabajadores bananeros continúan sin retornar a sus labores, mientras que la empresa Chiquita busca mayores ventajas en su contrato con el Estado. Los trabajadores son despedidos sin garantizar el pago íntegro de sus prestaciones”, denunció la alianza en comunicado durante la conferencia de prensa.

Jorge Guzmán, parte de la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos (Copadehupa) señaló que han levantan un informe sobre denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos en Bocas del Toro, provincia en la que se suspendieron garantías constitucionales y sufrió un apagón comunicacional por orden del Gobierno, mientras la fuerzas pública operó para terminar las protestas con cierre de vías.

“La lucha contra la nefasta Ley 462 ha develado el carácter represor y autoritario del gobierno (…) violentando principios democráticos de nuestra sociedad, en la que los disensos deben resolverse a través del diálogo social”, dijeron.

Precisó que se convocará a un congreso nacional por la soberanía y los derechos humanos, donde invitarán a otros sectores del país, donde también se discutirán los recientes acuerdos firmados con Estados Unidos, que advierten que permite instalar bases militares . “La Asamblea tiene que jugar su rol, no puede seguir negociando espacios políticos y pactando bajo criterios que no representan los intereses populares”, manifestó Gil, quien adelantó que se estarán movilizando el próximo 12 de agosto a la Asamblea y también en la Corte Suprema de Justicia, a la que piden “independencia frente a las presiones del Gobierno”.

“Cuando vemos que el Órgano Judicial se constituye en el instrumento de persecución utilizado por el Ejecutivo, nos corresponde interpelar a la Asamblea para que cumpla con su rol de equilibrio político”, remarcaron.

Exigieron además que cesen los procesos cuanto las más de 267 docentes que participaron en la huelga contra la Ley 462, normativa que cuestionan por “permitir” la “privatización de los fondos de pensiones” y ofrecer “pensiones de hambre”, algo negado por el Gobierno.

“Son procesos que carecen de fundamento legal, estas medidas pensadas para perjudicar a los docentes, no contemplan el impacto que tiene en los estudiantes, ni el interés primordial de recuperar un ambiente escolar adecuado para el proceso de aprendizaje”, acotaron.

Fuente: / Juan Alberto Cajar B.