Carlos Iván Villalaz, presidente de la asociación, aseguró que, “inmediatamente que se suscitó la situación en Azuero, apoyamos al gobierno y facilitamos un mecanismo de compra de los cerdos para que las granjas cerradas pudieran salir del problema”. A la fecha, según datos que maneja el gremio, seis fincas están bajo un proceso de adecuación o cierre.
Fiscalización en fincas porcinas por crisis del agua
Villalaz lamentó que se haya creado un estigma generalizado hacia los porcicultores y defendió que la mayoría de las fincas sí cumplen con las normas. De los aproximadamente 36 mil productores porcinos en Panamá, cerca del 40% están en Azuero, especialmente en Macaracas, donde solo seis fincas han sido investigadas.
Añadió que la asociación no tiene potestad legal para fiscalizar directamente a los productores, y que esa labor le corresponde al Ministerio Público y demás autoridades competentes.
Consultado sobre la posibilidad de que el gremio asuma parte de los costos de limpieza del río La Villa, Villalaz dijo que APROCERPA ya manifestó su disposición a colaborar en el programa de adecuaciones, pero que no pueden asumir responsabilidades económicas mientras no se determine científicamente el origen y grado de la contaminación.
Villalaz también advirtió que, además de desechos porcinos, se han detectado contaminantes agroquímicos en el río, lo que agrava el problema ambiental. “La situación es crítica, pero el río puede salvarse si todos los sectores, incluso los que no están en la zona, se suman con apoyo técnico y económico”.
“No olvidemos que esto afecta a personas”
Finalmente, el dirigente gremial hizo un llamado a no perder de vista que la contaminación del agua tiene consecuencias directas sobre la salud humana. Aunque evitó hacer afirmaciones sobre el incremento de enfermedades como el cáncer en Herrera y Los Santos, señaló que este es un tema que debe ser investigado a fondo por expertos.