«Por aire, tierra y mar este gobierno está atacando a mansalva a nuestro pueblo, que se ven obligados a salir de sus casas y los están correteando cual, si fueran criminales, empujándolos montaña arriba, alejándolos de toda cercanía a la carretera interamericana», denunció el alcalde de la localidad de Ñurum, dentro de la comarca Ngäbe-Buglé, Pedro Camaño.
En un comunicado, las autoridades ngäbe-buglés aseguran que hay una «persecución y atropello implacable contra su pueblo, en una escalada jamás vista que lleva adelante el presidente José Raúl Mulino con todos sus estamentos de seguridad» y piden el cese de esa violencia que denuncian.
La comarca Ngäbe Buglé colinda con la provincia de Bocas del Toro, que se encuentra bloqueada por barricadas en las carreteras montadas por grupos indígenas que protestan contra una reforma a la seguridad social ya vigente. El Gobierno anunció la habilitación de un puente aéreo para hacer llegar insumos básicos y medicinas.
Algunos sindicatos de docentes del sector público iniciaron el pasado 23 de abril una huelga indefinidapara pedir al Gobierno la derogatoria de una reforma a la seguridad social que consideran neoliberal. A ella se han sumado escalonadamente el sindicado de la construcción, Suntracs, considerado el más poderoso del país y también el de la industria bananera, así como grupos indígenas.
También protestan contra un polémico acuerdo de seguridad entre EE.UU. y Panamá, firmado en medio de la crisis por las intenciones de Donald Trump de «recuperar» el Canal, y contra la minería.
Hay a diario protestas callejeras en la capital y algunas otras ciudades. Los manifestantes obstruyen parcialmente la vía Interamericana, la principal del país y vital para el comercio regional, ante lo cual actúan las fuerzas antimotines para mantenerla despejada.
Así, se registran duros enfrentamientos entre la policía y los manifestantes con epicentro en Veraguas (Oeste) y Bocas del Toro (Caribe), dos de las diez provincias de Panamá. Pero en Bocas del Toro, una de las principales zonas turísticas del país, la situación es más grave con la industria bananera paralizada.
El Gobierno ha avanzado en los diálogos con el sindicato bananero pero ya la transnacional Chiquita registra pérdidas millonarias, ante lo cual anunció el cierre definitivo de una finca y una empacadora y trasladó a la vecina Costa Rica a su personal administrativo.
El Gobierno, por su parte, señala intenciones políticas detrás de las protestas, inclusive ha nombrado a diputados y sindicatos que estarían presuntamente promoviéndolas. Justamente, el pasado jueves el presidente panameño advirtió que «al costo que sea» no va a permitir que el país se «tranque»