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El Tribunal Electoral (TE) elevó este jueves el tono de la discusión sobre las reformas al Código Electoral y marcó distancia de los cambios introducidos por los diputados al proyecto de Ley 699, que ya superó el primer debate y se prepara para su discusión en el pleno de la Asamblea.
En un comunicado al país, los tres magistrados del TE pidieron a los diputados actuar con prudencia y colocar el interés general por encima de intereses particulares al discutir una legislación que definirá las reglas de las elecciones generales de 2029.
El pronunciamiento representa una advertencia institucional poco habitual en medio del trámite de una reforma electoral. Aunque el TE reconoce que la Asamblea tiene la facultad constitucional de discutir, modificar, aprobar o rechazar las leyes, cuestiona de manera directa varias modificaciones incorporadas al proyecto durante su paso por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
El TE sostiene que el proyecto que presentó originalmente ante la Asamblea recoge normas orientadas a fortalecer la participación, la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas y la justicia electoral. La propuesta surgió del proceso de discusión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y llegó a la Asamblea el 31 de agosto.
Sin embargo, durante el primer debate los diputados introdujeron cambios en asuntos considerados sensibles para el próximo proceso electoral. Entre ellos figuran el financiamiento privado de las campañas, las reglas para personas que resulten electas para dos cargos y las condiciones que deben cumplir funcionarios con aspiraciones electorales.
El punto que más tensión genera es el financiamiento privado.
La propuesta presentada por los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho establece nuevos límites para las donaciones privadas destinadas a candidatos a diputado, de acuerdo con la cantidad de electores de cada circuito.
El esquema contempla $300,000 para circuitos con hasta 30,000 electores; $400,000 para aquellos que superen los 30,000 y lleguen hasta 50,000; y $500,000 para los circuitos con más de 50,000 electores.
El financiamiento electoral fue uno de los principales temas de discusión durante el primer debate. La Comisión de Gobierno también recibió planteamientos relacionados con la paridad de género, la libre postulación, la creación de nuevos partidos y las facultades reglamentarias del TE.
Para el TE, el aumento de los límites a las donaciones privadas forma parte de las modificaciones que representan un retroceso frente al texto que la institución presentó como resultado del proceso de reformas electorales.
Otro cambio de alto impacto se relaciona con los funcionarios que resulten electos para dos cargos de elección popular.
La modificación plantea que una persona pueda conservar la titularidad de ambos cargos durante el periodo constitucional, aunque solo ejerza uno de ellos a la vez. Después de su proclamación, tendría cinco días hábiles para informar al TE cuál de los cargos ejercerá inicialmente.
Respecto del segundo cargo, podría solicitar una licencia sin sueldo por un periodo no menor de un año. Durante ese tiempo, el suplente asumiría las funciones y recibiría la remuneración correspondiente.
La propuesta también permite prorrogar esa licencia o solicitar la reincorporación al cargo dejado temporalmente. En ese escenario, la persona tendría que acogerse a una licencia sin sueldo respecto del cargo que venía ejerciendo.
El texto establece que no se podrían ejercer los dos cargos de manera simultánea ni recibir las remuneraciones correspondientes a ambos.
El tercer punto cuestionado por el TE está relacionado con los plazos que deben cumplir determinados funcionarios que aspiran a cargos de elección popular. La modificación de estas reglas forma parte de los cambios que la institución considera sensibles de cara a 2029.
Los diputados fijan posiciones
Mientras el TE cuestiona los cambios incorporados al proyecto 699, en la Asamblea también toman forma las posiciones de los diputados sobre el contenido de la reforma.
Luis Eduardo Camacho, secretario de la Comisión de Gobierno y uno de los diputados que presentó modificaciones al financiamiento privado de las campañas, también se refirió al retraso del proyecto en el pleno y a la ausencia de los magistrados del TE durante parte del proceso.
Camacho explicó que dos magistrados estaban de viaje y otro se encontraba enfermo. Según el diputado, la discusión de una reforma electoral sin la presencia de los principales proponentes podía generar cuestionamientos.
“Si la hacemos así, nos critican. Si no la hacemos y estamos esperando, nos van a criticar”, sostuvo Camacho.
Desde la bancada Vamos, Jannine Prado mantiene otra posición sobre uno de los puntos centrales de la reforma: el financiamiento electoral.
La diputada reiteró que los independientes mantendrán su propuesta para reducir el subsidio electoral de 1% a 0.5% de los ingresos corrientes del presupuesto general del Estado.
Prado señaló que la bancada presentará y defenderá esa propuesta durante el segundo debate. El financiamiento electoral queda así entre los principales temas que los diputados deberán abordar cuando el proyecto llegue al pleno.
En otra posición, Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos y del Movimiento Otro Camino (MOCA), plantea mantener vigente el Código Electoral en lugar de aprobar las modificaciones en los términos actuales.
Cedeño cuestiona varios de los cambios incorporados al proyecto y sostiene que algunos asuntos pueden generar cuestionamientos de constitucionalidad.
Su posición introduce otro elemento en la discusión: dentro de la Asamblea existen diferencias sobre el alcance que debe tener la reforma y sobre cuáles disposiciones deben permanecer en el texto.
Las posiciones de Camacho, Prado y Cedeño muestran que el debate en la Asamblea tampoco sigue una sola línea. Mientras unos diputados defienden modificaciones concretas al proyecto, otros plantean reducir el financiamiento público o mantener el Código Electoral vigente.
La confrontación entre el TE y la Asamblea ocurre cuando el proyecto 699 entra en una etapa decisiva. La Comisión de Gobierno aprobó la iniciativa después de una discusión artículo por artículo, con cambios en materias como adjudicación de curules, alianzas electorales, financiamiento, paridad de género y la posible eliminación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
