Durante una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, fustigó a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), por utilizar la organización para generar caos y desestabilización.
Uno de los hechos más relevantes determinados en la auditoría es que esta cooperativa, que ha recibido del sindicato Suntracs unos 8 millones de dólares desde 2012, ha otorgado el 79% de sus créditos a terceras personas y no a sus propios asociados, como establecen los valores y principios cooperativos.
Por estos hechos identificados en contra del sistema cooperativo, el Ipacoop procedió dentro de sus funciones a cancelar la personería jurídica de la cooperativa Suntracs, R.L., “ya que la cooperativa no mantiene los controles necesarios y sustentados que respalden su buen funcionamiento”.
Todo esto basado en la facultad que, como ente fiscalizador de las cooperativas, le conceden al Ipacoop la Ley 17 del 1 de mayo de 1997 y la Ley 23 de 2015 en materia de supervisión en prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Se detalló, dentro de la auditoría, que el aporte de los 8 millones de dólares del sindicato Suntracs a la cooperativa se dio mediante dos líneas de crédito. Esto significa que esta cooperativa está siendo utilizada como una intermediaria de fondos del sindicato, que son canalizados a terceros y a empresas vinculadas sin la aplicación de la debida diligencia que exige la Ley 23 y sin hacer un análisis riguroso sobre la capacidad de pago de las empresas y terceros, beneficiando a dichas empresas y terceros en detrimento de sus propios asociados, sustentó Ipacoop.
Además, en la auditoría se encontraron transacciones inusuales, como la de un asociado y directivo de esta cooperativa que recibió un crédito para la compra de un vehículo por la suma de 52 mil dólares en un plazo de 8 años. Sin embargo, este directivo de la cooperativa, que cuenta con un salario de 2,800 dólares mensuales, canceló el saldo de este préstamo en un término de 2 años, realizando adelantos de pagos entre 5 mil a 10 mil dólares, lo cual evidencia que se excede del perfil financiero declarado.
Este caso implica que tampoco el oficial de cumplimiento de la cooperativa Suntracs realizó los reportes correspondientes ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ni reportó los pagos arriba de los 10 mil dólares en efectivo. Este oficial de cumplimiento que debió crear la alerta a la unidad de análisis financiero no cumplió con los procesos de controles que exige la Ley 23, para el pago de dicha deuda, señaló Ipacoop.
La decisión tomada por el Ipacoop, como ente regulador de fomento y fiscalización de las cooperativas, tiene como objetivo fortalecer y mantener la sostenibilidad del sistema cooperativo y, de esta manera, preservar la confianza de las cooperativas y de la población panameña como una de las principales herramientas de la economía social de nuestro país, ya que “nada ni nadie está por encima de la ley”.
Tras el anuncio del gobierno, el Suntracs se pronunció en redes sociales, al señalar que el «verdadero plan» del presidente José Raúl Mulino es «silenciar a los luchadores sociales».
«La verdadera agenda de MULINO: Habla de “agenda oculta”, pero es él quien la ejecuta. Mientras acusa a SUNTRACS, toma acciones para desaparecerlo: Detenciones, allanamientos, cancelación de la cooperativa. El verdadero plan es silenciar a los luchadores sociales», posteó el sindicato.